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En la primera sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la desviación irregular de fondos en el Ejército, los parlamentarios recibieron ayer al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y al comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo, para iniciar la indagación que busca complementar las que está realizando la fiscalía militar y la justicia penal por montos sospechosos, que ya superan los $6.700 millones.
Según el presidente de la comisión, el diputado Jaime Pilowsky (DC), en un comienzo la investigación hablaba de cerca de $100 millones. Sin embargo, actualmente el monto asciende a $6.791.378.827, correspondientes a 2.377 facturas falsas de proveedores que se habrían coludido con funcionarios. No descartó que el monto siga subiendo, pues, según aseguró, el fraude se estaría realizando al menos desde 2008.
El diputado agregó que se evaluará la modificación de la Ley Reservada del Cobre, proyecto que ya está en el Senado.
La comisión sesionó un día después de que el Ejército decidiera sacar de su puesto y tramitar la baja del coronel Guillermo Oliver Pinto por el desvío de recursos del Estado Mayor General de la institución por un monto superior a los $30 millones con recursos de la Ley Reservada del Cobre.
Sin secretismo
El ministro Gómez aseveró, tras la cita, que se entregarán todos los antecedentes que la comisión requiera para determinar los hechos.
"No nos interesa hacer sesiones secretas en este caso, excepto en lo que nos obliga la ley (por inversión de armamentos). Esto será caiga quien caiga", dijo.
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército dijo que la intención "no es defender delincuentes, sino entregar los antecedentes en la vía que me corresponde".
El general Oviedo informó que la desviación representaría el 0,4% del erario y que no afecta en la capacidad militar de la institución.
Agregó que desde diciembre de 2014 se adoptaron una serie de medidas de control en el ámbito financiero, gestión y de fiscalización, incluso del sistema de seguridad con los funcionarios.
La comisión tiene 120 días para recopilar todos los antecedentes necesarios y luego emitir un informe sobre el caso. J