G. Cifuentes / D. Roa

L os atentados incendiarios que han afectado a camiones en la Provincia de Arauco tienen asustados a los trabajadores, quienes temen por su seguridad a la hora de trasladarse por algunas zonas, que ellos denominan "rojas". Ayer, representantes del gremio se reunieron con el intendente (s) Enrique Inostroza, para plantearle sus inquietudes y trabajar en conjunto para poder superar la crisis que viven en la zona. Además, presentaron una querella en contra de los responsables de los atentados en Contulmo.

"Para nosotros es clave que nos entreguen un subsidio estatal que nos asegure nuestros vehículos", señaló Juan Araya presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quien manifestó su preocupación con las investigaciones que se realizan en torno a los ataques. "Las labores investigativas han fallado todo el tiempo. Fiscalía cuenta con los recursos necesarios para encontrar a los responsables, pero nunca es así", denunció Araya.

"Los atentados son estudiados y sorpresivos, por lo que los conductores no tienen mucho que hacer al repecto", aseguró el dirigente, quien agregó que "el problema no se soluciona aumentando la dotación de Carabineros".

Tienen miedo

Gernán Faúndez, presidente de la Federación del Transporte Terrestre de la Región del Bío Bío, contó que "los trabajadores no tienen confianza para transitar, o parar a la orilla del camino para poder almorzar, porque temen que al volver su camión esté siendo quemado", indicó.

A pesar de las pérdidas materiales que generan los atentados, Faúndez recalcó el lado humano de la crisis. "Nunca se ve por la salud del conductor, sólo lo que se pierde. Muchas veces los bajan a escopetazos y los golpean. Generan un daño físico y sicológico del que también hay que hacerse cargo", apuntó.

En el Juzgado de Garantía de Cañete, en tanto, los dirigentes interpusieron una querella criminal contra los autores de los atentados incendiarios ocurridos el 13 de enero en Contulmo y que dejó a tres de estos transportes de carga quemados.

Para el dirigente Juan Araya, esta acción pretende no dejar impune estos hechos de violencia. "Estos ataques se vienen repitiendo y nadie investiga ni persigue, esto porque nadie hace las denuncias, por lo mismo, esta vez nos querellamos para lograr tener pruebas y llegar a buen puerto", enfatizó.

3 camiones, además de maquinarias forestales, fueron quemados el 13 de enero en Contulmo.

Redacción

"No se ha presentado ninguna denuncia formal y esperamos que ese sea el camino para cualquier tipo de acusación que se haga", subrayó ayer el intendente (s) Enrique Inostroza, al ser consultado por la polémica generada luego de que, tras el cierre del clandestino "Piso 2", se divulgara en la web la presunta conversación del dueño de otro after hour clandestino y un funcionario de la Seremi de Bienes Nacionales, que involucraría a otros personeros de Gobierno, y dejaría entrever una especie de "red de protección" hacia uno de estos recintos.

Esto, luego de que en el allanamiento al citado local, en el que fueron sorprendidos cinco carabineros, se detuviera a su propietario, quien fue formalizado por microtráfico.

"Desmentimos estas acusaciones emitidas por alguien que tiene problemas con la ley; y también estamos evaluando iniciar acciones legales. Si alguien tiene alguna acusación, lo que corresponde es que se canalice a través de los conductos que correspondan", señaló Inostroza.

Vecinos

En tanto, los vecinos del sector de calle Ejército se manifestaron aliviados con el cierre del lugar, acusando problemas de ruidos molestos y seguridad debido al gran número de personas que hasta allí llegaban.

"Aquí nos perjudica el boche de los jóvenes que pasan por el lugar, no tenemos tranquilidad. Se estacionan afuera gritan y hemos escuchado balazos y los vecinos nos cuentan que hay peleas", relató una vecina que prefirió no decir su nombre. "Lo peor es cuando los niños se van a clases, da un miedo tremendo que andan los muchachos todos bebidos. No hay ninguna seguridad en estos momentos", indicó la vecina, quien mencionó que la noche tras la clausura del recinto por fin pudieron descansar.

Al respecto, el concejal penquista Alex Itrurra considera que falta fiscalización, "pero creo que no se puede andar cada 25 minutos viendo si los diferentes estamentos están funcionando de acuerdo a la norma. La persona tiene que aportar sin concurrir a ese tipo de locales", dijo.

"Hay muchas ordenanzas para muchas cosas y desgraciadamente la capacidad de inspección de ella es muy limitada", afirmó a su vez el concejal Christian Paulsen.