J. Castillo / R. Acuña
A media máquina se desarrolló ayer la atención de los diversos trámites que se realizan en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y de la Seremi de Vivienda. El motivo: un paro de actividades desarrollado por los funcionarios con contratos a honorarios y que exigen ser pasados a la planta.
Loreto Jorquera, vocera de los trabajadores a honorarios, explicó que la movilización, de carácter nacional, es exigir el cumplimiento del compromiso presidencial de traspasar, de aquí a 2018, a 8.800 empleados en dicha situación contractual a la planta funcionaria. "Hace un mes nos enteramos de que el 90% de los honorarios del Ministerio de Vivienda no podrían ser traspasados", indicó.
El "ítem 21"
"Nosotros estamos cargados a distintos ítemes presupuestarios y solamente considerarían al Ítem 21, siendo que acá, en la región, somos 472 a honorarios entre el Serviu y la Seremi de Vivienda. Solamente 20 personas están cargadas a ese ítem, entonces no es un requisito que nos represente", explicó la dirigente.
"Nosotros cumplimos funciones permanentes. Somos funcionarios del Estado. Acá hay personas que llevan ocho años trabajando para el Serviu de Concepción y por eso queremos condiciones iguales para todos", sentenció.
Dificultades
Loreto puntualizó que al no ser parte de la planta funcionaria no tienen previsión de salud, no pueden tomar licencias médicas y su empleador, el Estado de Chile, no paga cotizaciones. "Si queremos estar en una AFP tenemos que sacar plata de nuestro sueldo para poder costearlo. El Estado está liberado de todo eso para con nosotros, sin embargo igual cumplimos funciones permanentes como todos los trabajadores", sostuvo.
"Hoy no cerramos las puertas, pero decidimos no estar en las oficinas porque si nos quedábamos igual atendíamos público", dijo. Mientras en Santiago, los dirigentes nacionales se reunían con la Dirección de Presupuestos, entidad que estableció los requisitos para ser beneficiarios de este traspaso.
"Nosotros cumplimos funciones permanentes. Somos funcionarios del Estado".
Loreto Jorquera, vocera.
8.800 trabajadores del sector público serían pasados a planta en un plazo de 24 meses.