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De acuerdo a cifras proporcionadas ayer por la Seremía del Trabajo, durante el pasado mes de abril un total de 24.244 trabajadores recibieron una carta de despido de parte de sus empleadores en la Región del Biobío. Se trata de 7.145 desvinculaciones más que en igual mes, pero del año pasado.

A nivel nacional, nuestra región sólo es superada por la Metropolitana (99.646) y la con menos despidos es la de Aysén (1.239).

Respecto a estas cifras recopiladas por la Dirección del Trabajo, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, dijo que "si bien estas cifras dan cuenta de la compleja situación que enfrentamos en el mundo laboral, también evidencian que gracias a la Ley de Protección del Empleo, los trabajadores están manteniendo sus contratos de trabajo y recibiendo parte importante de sus ingresos a través del Seguro de Cesantía, mientras dura la crisis".

La autoridad gubernamental añadió que en la región del Biobío, al 8 de mayo, existen 22.046 personas que se encuentran bajo la modalidad de suspensión laboral (correspondiente a un 4,8% de las cifras nacionales) y a 880 trabajadores acogidos a la reducción laboral (lo que corresponde a un 5,03% de las cifras nacionales).

"Como Gobierno, sabemos que la situación que enfrentamos es muy compleja y continuamos trabajando en la búsqueda de mecanismos que nos permitan apoyar a los trabajadores en esta pandemia", subrayó la seremi.

Nacional

A nivel nacional, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, señaló que en abril, en todo Chile se cursaron 238.115 cartas de despido. Esto representa un incremento anual de 11,4%, pero con 60.000 menos casos respecto del mes anterior.

Las cifras se enmarca en el contexto de que Chile se encuentra con un 8 % de cesantía, el mayor nivel desde 2010, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Aunque todo indica que en la actualización de los datos "estaremos en una cifra muy superior al 8% de cesantía", asumió la ministra.

24 mil 244 cartas de desvinculaciones fueron cursadas durante abril en la Región del Biobío.

8 por ciento sería, según el Ministerio del Trabajo la tasa de cesantía actual en el país.

Reducida a cenizas terminó una casa habitación de material ligero ubicada en una toma de terreno cercana al Río Rana, comuna de Curanilahue.

De acuerdo a los equipos de emergencia, el siniestro se desató cerca de las 22.30 horas de jueves, durante el toque de queda implementado en el país como medida asociada a la pandemia.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Curanilahue, Santiago Espinoza, informó a La Estrella que "cuando llegamos al lugar, el incendio estaba en fase de libre combustión, con una vivienda particular completamente comprometida por el fuego".

El comandante bomberil aseguró que sólo se registraron pérdidas materiales debido a que la propiedad se encontraba sin moradores.

Los hechos ocurrieron en una toma de terrenos frente a población Miraflores Cinco. Afortunadamente se evitó la propagación del fuego gracias al oportuno trabajo de las tres compañías de bomberos de la comuna.

"Cuando llegamos al lugar, el incendio estaba en fase de libre combustión"

Santiago Espinoza,, comandante de l Cuerpo de Bomberos de Curanilahue

3 compañías del Cuerpo de Bomberos de Curanilahue trabajaron en la extinción del fuego.

En Tomé fue rescatada una tortuga marina, denominada tortuga verde (Quelonia mydas), la cual fue avistada flotando a la deriva frente a la playa de Dichato, en la Bahía de Coliumo.

Pescadores de la caleta encontraron a la tortuga marina en malas condiciones y rápidamente contactaron a Sernapesca para coordinar el traslado de este ejemplar protegido y en riesgo de extinción.

Inicialmente la tortuga fue trasladada al Centro de Rescate Ñacurutú en Coliumo, que es el único centro de rescate que está funcionando en la región del Biobío, desde que llegó la pandemia.

"Allí fue recibida y atendida por el Dr. Cristian Herrera, quien le brindó la primera atención médica. La tortuga, mide 53 cm y pesa 20 Kg. Presentaba heridas sangrantes en aletas anteriores", contó Astrid Guerra, encargada de la unidad de Gestión Ambiental de Sernapesca.

Los consejeros regionales decidieron ayer solicitar la intervención de la Contraloría General de la República y sumarse a las querellas interpuestas por el caso hogar de menores en Hualpén donde se registraron abusos sexuales.

"El fin máximo es proteger a los niños frente a la vulneración de sus derechos, como se ha visto de manera descarnada en lo ocurrido en la residencia de Hualpén. Queremos prevenir que ello ocurra en otra residencia en la región, porque con lo conocido queda la duda sobre qué pasa en otros lugares y cómo son resguardados los niños, por ello oficiamos a la contraloría regional", puntualizó la presidenta del Core, Flor Weisse.