Colmed propone cierres provinciales por tres semanas pero con salidas y clases
Minsal dijo que analizaría el "cortocircuito epidémico" planteado por organizaciones científicas, que buscan eliminar de forma "drástica" la circulación del covid. Fedetur calificó de "poco realista" y el Magisterio rechazó presencialidad.
Leo Riquelme
El Colegio Médico entregó ayer una propuesta al Ministerio de Salud, el Congreso y a la Presidencia para reemplazar el plan Paso a Paso por una estrategia de "cortocircuito", que apunte a conseguir el control total y la erradicación de la pandemia, al estilo de lo que han logrado Rapa Nui, Israel, Nueva Zelanda y que tiene evidencia de efectividad en estudios.
La iniciativa plantea reemplazar las cuarentenas comunales por medidas a aplicar en una provincia o región completa donde la incidencia de casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes sea mayor a 10, y durante un tiempo máximo de tres semanas.
En esas zonas se pide suspender todas las actividades que involucren aglomeraciones o reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados; el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares -como alimentos o medicamentos-, el sector salud y los servicios de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. Esto incluye la prohibición del transporte de vehículos motorizados no esencial y el transporte público, incluido el tráfico aéreo; y considera la necesidad de efectuar transferencias directas del Estado para apoyar a las familias en ese lapso.
Desde el Colmed explican que la idea es "cortar la cadena de transmisión" de forma "rápida, drástica y efectiva" del virus, para conseguir posteriormente una "apertura más segura" respecto a lo que ocurre con el plan actual. "Los países que tomaron medidas estrictas han logrado un efecto de menor impacto en lo sanitario y económico", aseguró el doctor Gabriel Rada, de la fundación Epistemonikos, orientada al fomento de mejores estrategias sanitarias.
La iniciativa
La propuesta considera para ese lapso la autorización de las actividades al aire libre de forma individual y con quienes comparten el hogar, a fin de minimizar el impacto sobre la salud mental de las personas por el confinamiento.
Para este período se demanda intensificar el plan de vacunación, incluyendo operativos en barrios.
En lugar del Paso a Paso, la propuesta plantea uno llamado "Vivos nos necesitamos", que se basa en cuarentena y otra tres fases determinadas por la situación epidemiológica local.
La primera etapa recomienda la asistencia voluntaria a clases presenciales en jardines infantiles y el nivel básico, y el comercio y actividades deportivas y religiosas al aire libre de bajo riesgo y con aforo reducido.
En la segunda se autorizan reuniones al aire libre de hasta 10 personas; el regreso voluntario a las aulas para la enseñanza media y universitaria; y la operación de teatros, restaurantes, cafés en espacios abiertos.
Para la tercera considera reuniones sociales al aire libre de hasta 30 personas en ceremonias, matrimonios o funerales; actividades en espacios cerrados para el comercio habitual y oficios religiosos; y libertad de reunión y movimiento nocturno, manteniendo aforos.
La última etapa define una "burbuja territorial", a implementar cuando haya una tasa de incidencia menor o igual a 3 casos por cada 100.000 habitantes, que implica estrictas fronteras sanitarias en las que sólo se permitirá el ingreso a las personas que tengan el esquema de vacunación completado, prueba de PCR negativa realizadas en las últimas 72 horas, test de antígeno en el punto de control y cuarentena de ingreso con PCR de salida, es decir, tal como sucede hoy cuando se arriba a Chile.
La propuesta incluye una nueva gobernanza de la pandemia, centrada en criterios sanitarios, científicos y con la participación ya no sólo consultiva de organizaciones de especialistas y de la sociedad civil.
"Si no avanzamos juntos como país es probable que no tengamos buenos resultados. Debemos incorporar a más actores en la toma de decisiones para tener un amplio consenso en las medidas sanitarias", dijo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.
Esta entidad se retiró hace unas semanas de la Mesa Social Covid, tras corroborar a través de la Ley de Transparencia que el Gobierno no guarda siquiera actas de los acuerdos tomados en ella.
Ayer, el ministro de Salud, Enrique Paris, agradeció el plan recomendado y aconsejó que también lo entregue a dicha mesa. "Lo estudiaremos en su propio mérito para adaptar nuestro plan Paso a Paso. Siempre hemos dicho que estamos dispuestos a a revisar las estrategias y a adoptar las medidas que sean necesarias", dijo Paris.
"Este cortocircuito que ellos proponen evidentemente será analizado en forma detallada", añadió.
Reacciones
La propuesta fue calificada por el presidente de la Federación de Turismo, Ricardo Margulis, como "desajustada a los tiempos actuales, tomando en cuenta que las cuarentenas han perdido eficacia en la población".
Al empresario le parece "poco realista lograr la meta de contagios cero" y pidió considerar la crisis económica que ha generado la pandemia. "Las pymes y el comercio no pueden seguir pagando el alto costo de enfrentar este tema", dijo, opinando que el foco debe estar puesto en una vacunación aún más amplia.
La idea de regresar a la presencialidad voluntaria también fue rechazada por el Colegio de Profesores. "No lo compartimos y así se lo hicimos saber a la doctora Siches", dijo su presidente, Carlos Díaz, quien calificó la opción como una "señal errática".
"Los padres no enviarán a los niños a las escuelas mientras las condiciones no estén garantizadas", comentó el dirigente.
Meta de vacunación
El Gobierno anunció que para esta semana espera el arribo a Chile de 1,4 millones de dosis de Sinovac y 450 mil de Pfizer, que permitirán el avance esta semana de la inmunización hasta a las personas de 18 años, y desde la próxima semana para quienes tienen entre 12 y 17 y alguna comorbilidad asociada. El Minsal informó que más de 9 millones de personas ya completaron su cobertura, que equivale al 59,2% de la población objetiva trazada por el Ejecutivo.