Leo Riquelme

El Congreso aprobó con el rechazo de la UDI la prórroga hasta el 30 de septiembre del Estado de Excepción, que permitirá mantener planes sociales y medidas de restricción al libre tránsito ante la pandemia. Para conseguir el respaldo el Ejecutivo se comprometió a aplicarlo de forma menos rígida que lo actual, lo que incluirá una mayor flexibilidad en el toque de queda, que rige desde marzo de 2020.

"Tiene que haber un ojo puesto en lo sanitario, pero también en las necesidades sentidas de las personas, de los gremios", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Los parlamentarios criticaron que debieran discutir la extensión del Estado de Excepción sin que el Gobierno les entregara un detalle de lo que planea hacer para los próximos tres meses.

"Prefiero no firmar un cheque en blanco para las restricciones", dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya. Su par de Convergencia Social, Gabriel Boric, pidió frenar las "medidas que no se aplican a la realidad particular de cada territorio".

Los parlamentarios criticaron que, por ejemplo, se aplique un toque de queda nacional cuando hay comunas que tienen pocos casos, algo en que coincidió el ministro de Salud, Enrique Paris. Éste se excusó por no detallar los cambios que analizan, pues explicó que se comprometió con un centenar de organizaciones a discutir con ellos antes las variaciones que comunicarán la próxima semana.

Las autoridades añadieron que el Estado de Excepción es fundamental si se empiezan a masificar variantes más contagiosas del coronavirus, ya que posibilita aplicar cuarentenas comunales, cerrar fronteras y aplicar transferencias directas de recursos para paliar los impactos sociales.

No obstante, el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que en esta etapa habrá una mayor flexibilidad en el toque de queda, clases presenciales, mayores facilidades de movilidad a los vacunados con dos dosis y un fomento de las actividades al aire libre.

Los equipos de rescate trabajaban ayer en busca de atrapados en los escombros de un edificio de Surfside, en Miami-Dade, que se desplomó parcialmente ayer mientras sus ocupantes dormían, con un resultado provisional de un muerto y 50 desaparecidos, entre ellos 10 argentinos, seis paraguayos y al menos un chileno, familiar de la expresidenta Michelle Bachelet.

El compatriota es Claudio Bonnefoy Bachelet, un jubilado de 85 años. Su hija Pascale contó a TVN que vive hace varias décadas en Estados Unidos, aunque a Miami se fue hace algún tiempo junto a su esposa, Maricoy Obias-Bonnefoy, de 70 años.

La hija indicó que han tenido escasas informaciones y hasta anoche no tenían noticias sobre su pariente.

Además, contó que su padre era primo hermano del fallecido general de la FACH Alberto Bachelet y bastante apegado a la exmandataria y actual Alta Comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

"Él es muy cercano a la familia Bachelet. De hecho, ella me llamó al enterarse de la noticia", agregó.

El Champlain Towers cayó a la 1.30 horas del jueves y el alcalde Charles Burkett comentó que tenían la esperanza de hallar sobrevivientes, aunque asumió que "no vamos a tener tanto éxito como nos gustaría".

Testigos contaron que oyeron un "gran estruendo", similar a un "terremoto" y luego una gran nube de polvo lo cubrió todo. "No quedó nada", dijo a Efe la argentina Jacqueline Pakota

La Cancillería paraguaya, por su parte, dijo que entre sus desaparecidos estaba Sophia López-Moreira, hermana de la primera dama del país, Silvana López-Moreira.

Además de la persona fallecida, que fue sacada de los escombros a primeras horas, 10 fueron atendidas en el lugar, dos fueron llevadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones.

El edificio tiene 12 plantas y 55 departamentos de los 136 que tenía se desplomaron de arriba a abajo. Las causas hasta el cierre de esta edición no estaban claras y el gobierno federal comprometió ayuda.

Las tareas de búsqueda están dirigidas por los bomberos del condado de Miami-Dade con ayuda de perros adiestrados, pero se veían entorpecidas por la lluvia.

El gran temor es la posibilidad de que la torre, cuyos apartamentos se vendían a entre 500.000 y 900.000 dólares, se desplome totalmente. Por ese motivo fue evacuada ésta y edificios contiguos.

En el inmueble, que se inauguró en 1981, se realizaban reparaciones en la cubierta, lo que no tendría por qué haber provocado el desplome, según el alcalde.

En un vuelo con escalas en Buenos Aires y Bogotá el Gobierno expulsó a 72 ciudadanos argentinos y colombianos. Del total, 45 fueron sacados por tener condenas por trafico de drogas, posesión de armas y robos, mientras que otras 27 son por procesos administrativos como tener un ingreso ilegal

"La política del actual Gobierno es hacer cumplir la ley", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

En una sesión especial del Senado realizada ayer para abordar el asunto, el director de Incidencias y Estudios del Servicio Jesuita al Migrante, Carlos Figueroa, acusó a las autoridades de "confundir a la opinión pública" al vincular las expulsiones por condenas con las por razones administrativas, pues a su juicio en estos últimos casos "se está produciendo arbitrariedad e ilegalidad" al no respetar los debidos procesos judiciales, como han fallado varios tribunales.

En ese sentido la vocera del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, recordó en radio Universo que en el derecho internacional "las expulsiones colectivas son prohibidas", en tanto que añadió que en este tipo de decisiones resulta "necesario que se adopten medidas razonables y criteriosas, no caprichosas".