Juan Pablo Fariña López

Amigos y familiares de las dos amigas que fallecieron en un accidente de tránsito cuando iban en motocicleta en el acceso norte a Lota, se manifestaron de forma pacífica ayer en el sector Lagunillas de Coronel, exigiendo justicia y la detención del chofer que habría causado el accidente de tránsito fatal y quien luego del hecho se fue del lugar.

La tragedia ocurrió la noche del sábado 10 de este mes, cuando Camila Arévalo y Nazla Hurtado fueron impactadas por un móvil particular que se incendió y cuyos ocupantes, presuntamente una familia, se fueron del lugar mientras transeúntes auxiliaban a las mujeres.

Marjorie Hurtado, hermana de Nazla, indicó a La Estrella que "hasta el momento no tenemos novedades del caso y ni siquiera sabemos si la persona que provocó el accidente habrá sido identificada. Nos dicen que tenemos que esperar, pero eso nos genera mucha preocupación como familia. Esta persona tiene que responder por la muerte de mi hermana y su amiga".

Agregó que "sabemos por testigos que salió corriendo después del accidente sin prestar ayuda. Después una mujer y al parecer dos menores fueron rescatados del auto que después se quemó. En medio de todo esto dicen que un vehículo los recogió y no se supo más de ellos. Eso nos da mucha rabia como familia".

la protesta

Respecto a la manifestación, la mujer detalló que "para nosotros fue muy importante recibir el apoyo de la gente y amigos, además nos acompañaron dirigentes de una asociación que ve estos temas. Estuvieron las dos familias juntas y esperamos ver pronto resultados concretos en la investigación".

Desde el Ministerio Público se informó que las diligencias siguen en curso y están a cargo de la Siat de Carabineros, que investiga el accidente, y la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros de Lota.

"Nos dicen que debemos esperar. Esta persona tiene que responder por la muerte de mi hermana y su amiga".

Marjorie Hurtado, hermana de una de las víctimas fatales

10 de julio ocurrió el accidente cuando las amigas transitaban en una motocicleta.

Penas de entre cinco años y un día y ocho años de cárcel enfrentaran los integrantes de una banda delictual, que en junio de 2020 asaltó y secuestró a un conductor de la aplicación Didi, a quien abordaron en Concepción y lo llevaron a Hualqui.

Ambos sujetos, de 23 y 24 años de edad, fueron llevados a juicio por el robo calificado contra un hombre de 63 años, a quien intimidaron con un arma de fuego y lo obligaron a meterse al portamaletas del vehículo. Luego lo forzaron a efectuar una transferencia de dinero desde su cuenta personal a terceras personas vinculadas a ambos imputados.

"Logramos reunir diversos medios de prueba que dieron cuenta de la participación de los imputados en las distintas etapas de ejecución del delito, como así también del rol que cada uno de ellos cumplió en los hechos, incluyendo a la madre de uno de los imputados, que fue quien coordinó la recepción de las transferencias bancarias", señaló la fiscal Carmen Luz Flores de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional del Biobío.

Cabe señalar que a la víctima la tuvieron retenida toda la noche, tiempo en el que también la llevaron a retirar dinero de un cajero automático. En la mañana siguiente, los asaltantes con un tercer implicado acudieron junto al afectado a la sucursal del Banco Estado de Hualqui, para realizar un último retiro de dinero. En total, le sustrajeron una suma cercana a los dos millones de pesos, antes de dejarlo abandonado.

La Fiscalía indicó que se mantiene pendiente el proceso en contra del tercer sujeto directamente implicado en el robo, en contra de quien se está solicitando una pena de ocho años de cárcel.

"Logramos reunir diversos medios de prueba que dieron cuenta de la participación de los imputados".

fiscal Carmen Luz Flores

5 a 8 años piden para los condenados por el robo calificado contra el conductor.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, confirmó ayer la resolución de primer grado que condenó al fisco a pagar indemnización de $15.000.000 por concepto de daño moral, al padre de Antonia Garros Hermosilla, joven que se suicidó en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar, practicado por dos funcionarios de Carabineros en febrero de 2017, en Chiguayante.

De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial en su sitio web oficial, la Tercera Sala del máximo tribunal del país estableció que los policías incurrieron en omisiones negligentes inexcusables al no apegar su actuar a los protocolos y normas legales sobre violencia intrafamiliar, lo que habría evitado la muerte de la joven.