Leo Riquelme

Con una carita feliz el Presidente Gabriel Boric selló ayer en el muro simbólico instalado en La Moneda su firma para el envío del primer proyecto de su Gobierno: el tratado ambiental de Escazú, el único creado hasta la fecha en América Latina y El Caribe tendiente a la protección de la naturaleza, el acceso a la información y el resguardo de quienes se dedican a la preservación de los ecosistemas.

En su discurso en palacio, el Mandatario instó al Congreso a que realice una rápida tramitación, pues a su juicio, "la vida no puede esperar".

Para que prospere, debe ser aprobado por el poder Legislativo, algo que ya ha sucedido en 12 de los 21 países que lo suscribieron.

El anuncio fue celebrado por el oficialismo, sector que siempre criticó a Sebastián Piñera por no ratificar el acuerdo alcanzado en 2018, luego que el propio gobierno chileno promoviera su creación en 2012 junto a Costa Rica.

En esa ocasión Piñera justificó su decisión en que el tratado adolecía de problemas de redacción y que podría significar una pérdida de soberanía, pues establecía como mecanismo de resolución de controversias la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales.

Esta inquietud surge porque en el artículo 11 indica que "las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe".

El presidente de la comisión de Medio Ambiente, José Miguel Castro (RN), insistió ayer que el pacto abría la posibilidad a Bolivia o Perú de demandar al país a la Corte Internacional de La Haya por cuestiones limítrofes o por el acceso al mar. Pese a ello, añadió que sí respaldará el proyecto.

"Pero si se producen estas controversias quien va a ser juzgado el día de mañana va a ser el Presidente Boric", advirtió.

A los cuestionamientos se sumó el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards. "La ambigüedad de este tratado abre una puerta para que seamos demandados en cortes internacionales, debilitando nuestra justicia y autonomía. Además, va a aumentar los conflictos ambientales de los cuales muchos activistas viven, y fortalece burocracias internacionales a las cuales muchos personeros de este gobierno aspiran a pertenecer en el futuro", afirmó.

Uno de los aspectos que convierte a este tratado en único en el mundo es que es el primero que busca resguardar la integridad de las personas que se dedican a preservar el medio ambiente.

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, precisó que el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) identificó la existencia de 128 conflictos ambientales en Chile, a lo que el Presidente Boric sumó en discurso la muerte de dos activistas, cuyos razones de deceso dijo que le merecían "dudas que carcomen".

La canciller anunció que junto al tratado iniciarán un trabajo con el Ministerio de Justicia para enfrentar este tema, pues consideró que en ello "Chile sí está al debe".

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que justamente una de las particularidades que tiene este tratado es que por primera vez vincula la ecología con los derechos humanos, garantizando la posibilidad de defender la naturaleza y de buscar que todas las personas puedan vivir en un "ambiente sano".

A diferencia de sus colegas Castro y Edwards, el diputado RN Hugo Rey expresó su pleno apoyo a la ratificación del tratado. "Esto lo que hace es fortalecer la institucionalidad ambiental, por lo tanto si queremos entregarle un mejor mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos con fuerza luchar contra el cambio climático. Y este tipo de iniciativas va a causar un impacto positivo en el cambio climático", planteó

La canciller Urrejola también habló sobre las eventuales controversias en tribunales internacionales. Dijo en radio Cooperativa que el tratado "no establece ninguna obligación respecto de los temas, el cuestionamiento tiene que ver con los tribunales internacionales. Lo que establece el acuerdo es un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento que cumple funciones consultivas y no contenciosas".

"El rol, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia para la interpretación y aplicación del tratado es en caso de que los Estados de manera voluntaria quieren reconocer la competencia de la Corte Internacional. Pero la controversia entre los Estados parte se resuelve por medio de negociaciones u otros medios de solución que ambas partes consideran aceptable", agregó.

"Habla del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática y la protección de los DD.HH. de quienes protegen".

Gabriel Boric, Presidente de la República