Gobierno anuncia cambio legal para enfrentar el crimen organizado
El anuncio fue hecho por el subsecretario Monsalve tras una reunión de urgencia en Concepción por los atentados en la Macrozona Sur.
Leo Riquelme
Horas después que encapuchados quemaran una casa patronal en Tirúa y otras dos viviendas en Contulmo y Cañete, llegó a Concepción el subsecretario del Interior Manuel Monsalve pare encabezar una reunión con autoridades del Biobío y abordar la crisis de seguridad que aqueja a la Macrozona Sur.
A la salida, la autoridad anunció que durante la próxima semana el Gobierno presentará una indicación sustantiva para modificar la ley que permite la investigación de organizaciones criminales, que dijo data de 1874.
"Las técnicas especiales de investigación que se utilizan, por ejemplo, en la persecución de delitos vinculados al tráfico de drogas, como los agentes encubiertos, los agentes reveladores, las entregas vigiladas, tienen que ser técnicas de investigación que puedan aplicarse no a delitos específicos, sino a la persecución de las organizaciones criminales", dijo.
El Gobierno actual ha rechazado utilizar la Ley Anti Terrorista, pues, según argumentó ayer Monsalve, ha resultado "absolutamente ineficaz" para perseguir los delitos en la Macrozona Sur. En otra actividad, el fiscal nacional Jorge Abbott añadió que dicha ley no les otorga atribuciones intrusivas y que su gran ventaja es mantener el secreto de la investigación.
Junto a ello, el subsecretario comprometió aumentar los vehículos blindados que tiene Carabineros -que según él cuadruplica a los que tenía antes del término del estado de excepción- y traspasar 5.500 millones de pesos para seguridad tanto en el Biobío como en La Araucanía.
Los anuncios se hicieron un día después que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección de contratistas forestales que obliga al Gobierno a tomar más medidas para la zona.
Monsalve anunció también que presentará una querella por el delito de incendio contra quienes quemaron durante la noche la casa patronal del fundo Los Ajos, en Tirúa, cuyos dueños esperaban desde 2017 que se cumpliera una orden de desalojo de parte del predio.
Su propietario, Mauricio Sepúlveda, dijo que había panfletos de liberación de "presos políticos mapuche".