Diego Gotelli C.

Hospitalizado tras sufrir un TEC cerrado se mantenía ayer uno de los nueve guardias del Metro de Santiago que fueron golpeados con palos y fierros por un grupo de vendedores ambulantes.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles en la estación Ñuñoa, donde los comerciantes ilegales reaccionaron con violencia a un intento de los vigilantes de sacarlos del sitio.

Según informó Carabineros, para quedarse en el lugar una vez iniciada la disputa los comerciantes se comunicaron con vendedores informales de otras estaciones, a fin de que llegaran a "rescatarlos".

En total fueron una quincena de comerciantes los que se enfrentaron a los guardias, dejando a nueve funcionarios heridos, uno de los cuales requirió hospitalización por los golpes que recibió en el rostro.

Su hermana, María Montero, repudió el ataque y pidió que los guardias del tren subterráneo capitalino tengan "más resguardo de Carabineros", dado el "riesgo" que conlleva su labor de enfentar a los ambulantes. "Están haciendo un trabajo que no les corresponde a ellos", dijo la pariente en CHV.

Desde el sindicato de trabajadores recordaron que este mes ocurrío un ataque similar contra el personal en Estación Central, y acusaron que los estarían usando como "carne de cañón" en el combate contra los ambulantes.

Metro aseguró que lo ocurrido en Ñuñoa no fue un operativo de desalojo, que se coodina con Carabineros, sino que fue un procedimiento "acotado" sobre solo una persona, lo que escaló a una riña mayor. "No es que se haya dejado a los trabajadores actuar en solitario", aseguró el presidente del directorio, Guillermo Muñoz.

El Ministerio del Interior anunció una querella y vinculó el ataque con el "crimen organizado" que acusan está tras el comercio ilegal. La delegada presidencial capitalina, Constanza Martínez, fue más allá y habló de "mafias", que trabajan para sacarlas de los espacios públicos.

"Más que comerciantes, son delincuentes ambulantes", coincidió el gobernador Claudio Orrego, quien pidió mayor coordinación regional para atacar el problema.

Carabineros abrió una investigación interna luego que una mujer denunciara haber sido agredida por uniformados en una unidad policial.

La acusación fue hecha por María Soledad Osorio, periodista que trabajó en el Gobierno Regional Metropolitano y municipios capitalinos.

La profesional afirma que la agresión ocurrió la noche del domingo, cuando llegó a la Tenencia de Linderos para denunciar un hostigamiento telefónico. Al concluir el proceso dice que manifestó su disgusto por cómo se redactó su denuncia y pidió que otro policía tomara el proceso, lo que le negaron, tras lo cual alzó la voz. Acusa que dos policías se acercaron a golpearla.

"Me agarraron los brazos, me tiraron contra la pared, me caí y me sacaron la cresta en el suelo. Me pegaron patadas en la cara", relató.

El lunes constató lesiones e ingresó una denuncia ante la PDI, con apoyo del Colegio de Periodistas "Me dejaron dañada sicológicamente", dijo.

Carabineros señaló a este medio que al tomar conocimiento de los hechos denunciados abrió una investigación administrativa "para establecer cómo ocurrieron los hechos y, conforme al mérito de los antecedentes, se tomarán las medidas reglamentarias, si proceden". Además denunciaron el caso a Fiscalía.

Una chilena y su hija de dos años permanecen desde la semana pasada en un hogar de Chiclayo, en el norte de Perú, donde, según su versión y la investigación policial en curso, estuvo secuestrada desde 2018 por parte de su esposo y su suegros en un departamento.

El operativo se efectuó en un condominio residencial por parte de la unidad de Delitos contra la Libertad y Búsqueda de Personas Desaparecidas y la fiscalía local, quienes actuaron tras recibir la denuncia de una vecina que supo lo que sucedía con Viera Rivera, una mujer de 42 años oriunda de Traiguén. Los policías tuvieron que descerrajar la puerta de la habitación en que estaba encerrada.

Según declaró la afectada, conoció a su pareja, Giorgio Armas, en 2018 a través de Facebook. Éste es una persona conocida en su ciudad porque aparecía en programas de televisión y redes sociales entregando consejos de ejercicios físicos. De hecho, junto a su padre,tienen un gimnasio.

Documentos oficiales nacionales indican que la pareja se casó en Chile en agosto de 2018 de ese año y volvieron a Perú.

Según declaró ella, la mantuvieron "en cautiverio" desde que en diciembre intentó regresar a Chile por los supuestos malos tratos que le daban su esposo y suegro.

Una vecina afirmó a CHV ayer que nunca la vieron a ella ni a la niña, de dos años, en la calle. Según el diario La Razón, los policías la encontraron encerrada en una habitación y "en delicado estado de salud, debido a que había tenido un aborto".

Los sospechosos fueron detenidos y de la Cancillería dijeron que esperarán que su condición mejore para ayudarla en su regreso a Chile.