Leo Riquelme

El Congreso aprobó y renovó ayer por otros 15 días la aplicación del estado de excepción de emergencia en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía, como solicitó el Gobierno para enfrentar los hechos de violencia rural que aquejan a la Macrona Sur.

En la mañana 100 diputados votaron a favor, 19 en contra y 13 se abstuvieron; mientras que anoche 31 senadores lo apoyaron, Fabiola Campillay (Ind) lo rechazó y los UDI Iván Moreira y José Durana se abstuvieron.

"El estado de protección acotado sí funciona", opinó el senador Sebastián Keitel (Evópoli), algo que también planteó Carmen Gloria Aravena (Ind. pro Chile Vamos).

Parlamentarios de Republicanos, Evópoli, RN y la UDI que se opusieron basaron sus argumentaciones en el carácter de "acotado" que tiene la medida aplicada desde mayo por La Moneda. "No estoy dispuesta a renovar un mal chiste", dijo la diputada Gloria Naveillán (Republicano). "¡Basta de darse vueltas en medidas acomplejadas (...) Al Presidente le digo: hágase responsable por cada muerte que venga", agregó el Evópoli Francisco Undurraga.

Otros diputados del sector dijeron que no volverán a apoyarlo si se restringe el patrullaje militar sólo a rutas.

La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que la oposición intentó hacer "un punto político" y agregó que la comparación de los resultados de los estados de excepción aplicados en la administración de Sebastián Piñera y la del Presidente Gabriel Boric favorecen a este último en hechos como "personas lesionadas; ataques incendiarios; caminos incendiados; vehículos, maquinaria y camiones; inmuebles incendiados; y eventos con presencia de armas de fuego".

En su oficio, el Ejecutivo indicó que ha permitido el patrullaje de 300 carabineros y 1.300 funcionarios de las Fuerzas Armadas, que han realizado 20.917 controles preventivos en 33 días, periodo en que los hechos de violencia rural se contrajeron en 30,7% respecto al mismo lapso anterior.

La jefa de gabinete insistió en que "hemos sido flexibles, hemos analizado cada medida y de eso da cuenta el estado de excepción" que estaban solicitando prolongar por otros 15 días, lo que añadió se hace porque lo consideran como un medio para "en lo inmediato asegurar el funcionamiento de este territorio".

Siches agregó que se trata de una "medida complementaria" a una agenda de seguridad que involucra la creación del consejo asesor contra el crimen organizado en la zona, enfocado en diseñar planes contra el robo de madera, el uso de armas y en la seguridad agroalimentaria. Pero junto a ella, sostuvo que la base de la búsqueda de la paz en la zona es el diálogo y el impulso del plan Buen Vivir, que considera inversiones públicas y la compra de tierras para comunidades.

Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes para convencer a todo el oficialismo. La diputada RD Ericka Ñanco acusó que había una "normalización de la función militar en tareas propias de Carabineros", mientras que la PS Emilia Nuyado agregó que las "voces de los lonkos, líderes, jóvenes weichafes no han sido escuchados".

Siches, no obstante, destacó que ahora la petición tuvo más apoyos oficialistas que hace dos semanas.

El desempleo en el trimestre móvil marzo-mayo fue de 7,8%, 2,2 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado, informó el INE. El alza de la fuerza de trabajo fue de 7,5%, cifra menor a "la estimación del total de personas ocupadas creció 10,1%, incidida, principalmente, por los sectores comercio, alojamiento y servicio de comidas y hogares como empleadore", explicó el INE. Pese a la baja, Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, explicó que se da cuenta de "un dinamismo bastante lento cuando nos comparamos con el trimestre previo. Se ve un nulo crecimiento en los ocupados: los formarles no crecen y son los informales que crecen un 0,9 por ciento respecto al trimestre movil anterior".