Pablo Martínez Tizka

La Cámara de Comercio y el Sindicato de Ferias Libres de Lota se unieron a la agrupación de asistentes de la educación para realizar un petitorio en conjunto al gobierno, definiéndose en estado de paro mientras no haya respuesta a sus demandas.

Además del pago de remuneraciones y cotizaciones de los trabajadores de la educación, se suma la exigencia de una mayor dotación policial y de la inclusión de la comuna en la zona de rezago.

Jorge Parra, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Lota y vicepresidente nacional y uno de los voceros de la mesa de organizaciones que lidera el petitorio, señaló que "fuimos a la Delegación Presidencial para presentar estos tres puntos. En nuestro caso, en lo que concierne a educación, pedimos que se nos pagaran las cotizaciones, salud, crédito líquido y el pago de sueldos. Pensamos que con la toma de la carretera nos escucharían, pero no fue así".

En ese sentido, señaló que "se ofrecieron $130 millones con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, cuando originalmente iban a ser $180 millones, por lo que no se consideran las imposiciones. No se tomó en cuenta el tema de la seguridad y tampoco lo de la zona de rezago".

Añadió que "esto sobrepasa al municipio, por eso estamos hablando con el Gobierno. Además, el Ministerio de Educación tiene retenidos $2.300 millones para el pago de imposiciones. Por ende, el municipio tiene que destinar fondos de la comuna solo para educación".

Paola Huenchuman, presidenta del Sindicato de Ferias Libres de Lota y vocera de la mesa de organizaciones, dijo que "desde que pasó lo de la toma de la carretera, las negociaciones dejaron de estar por separadas. Ahora estamos todos juntos para que se cumplan esas tres peticiones".

Añadió que "en seguridad estamos sufriendo robos masivos y hace rato pedimos más dotación policial. Lo que pasa con los asistentes de la educación no es ajeno para nosotros, ya que toda la comuna está perjudicada por el déficit".

Raúl Carrera, presidente de la Cámara de Comercio de Lota, dijo que "efectivamente estamos juntos y hemos decidido participar en esta protesta. Si nadie tiene dinero, el comercio se ve perjudicado. En el caso de las ferias, si bien no van a estar paradas, estarán en las protestas".

Añadió que "nosotros queremos más dotación policial, porque estamos muy afectados con los robos. Es el gobierno el que debe responder".

Elizabeth Chávez, seremi de Educación, se refirió a las conversaciones con los asistentes de la educación. "En el día de ayer (lunes) sostuvimos una reunión con el Subsecretario de Educación y con el alcalde de Lota, con el fin de acordar la forma en que como Ministerio apoyaríamos este déficit que tiene la comuna para pagar las remuneraciones".

En ese sentido, indicó que "este martes tuvimos una nueva reunión, en que el alcalde nos envió la información necesaria para que mañana (hoy) podamos entregar la primera cuota del Fondo de Apoyo de la Educación Pública para la cancelación de estas remuneraciones, que es de $130 millones".

La delegada presidencial Daniela Dresdner indicó que "en educación existe un avance, en que se encontró una fórmula para realizar un traspaso de recursos al municipio para los sueldos de este mes. En este momento trabajan los equipos técnicos para encontrar la solución no solo para los sueldos, sino para las imposiciones y pagos de salud".

Asimismo, también indicó que "se conversó con varias organizaciones sobre las demandas de seguridad y la petición sobre incluir a Lota en la zona de rezago. Hemos comprometido continuar con copamientos y aumentar la frecuencia para aumentar la seguridad".

El alcalde de Lota, Patricio Marchant, sostuvo que "hay falta de liquidez de la municipalidad. Tenemos una deuda de 4 mil millones de pesos. Se requiere de ayuda. Se acordó la liberación de recursos para los sueldos, pero se requieren liberar los recursos retenidos. Hay voluntad, pero se necesita más apoyo. Con eso se pueden pagar las imposiciones y asegurar los sueldos a más de mil trabajadores".

"Hay falta de liquidez en la municipalidad. Tenemos una deuda de $4 mil millones".

Patricio Marchant,, alcalde de Lota

A horas de haber negado tomar acciones por los nuevos dichos de Héctor Llaitul, en que justifica actos de "sabotaje" en la Macrozona Sur, el Gobierno cedió y anunció ayer que ampliará querellas existentes contra el líder de la CAM, además de encargar diligencias a la Fiscalía.

"Hemos analizado a profundidad los dichos que, a nuestro juicio, son constitutivos de delitos, donde se atribuye la participación de ellos", dijo anoche la ministra del Interior, Izkia Siches, en relación a una reciente entrevista al cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco en que llama a "canalizar la violencia hacia el sabotaje".

La noche del martes y ayer temprano autoridades habían declinado tomar nuevas acciones manteniendo la línea del Gobierno de perseguir delitos y no ideas. Postura que fue criticada por gremios forestales y transportistas, y por parlamentarios.

Por esa postura además la Fiscalía advirtió que no podían indagar sin querella del Gobierno y la Corte Suprema demandó ayer una "coordinación adecuada" para la persecusión penal.

Tras ello La Moneda decidió ampliar querellas contra Llaitul, algunas interpuestas el 2019 y 2020 por Ley de Seguridad del Estado, y solicitar diligencias investigativas al Ministerio Público sobre la adjudicación de delitos.