Diego Gotelli C.

El Presidente Gabriel Boric entregó un espaldarazo ayer a la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien ha liderado la respuesta del Gobierno ante la filtración de correos que sufrió el Estado Mayor Conjunto, en la cual un presunto grupo hacker divulgó cerca de 400 mil comunicaciones internas de las Fuerzas Armadas.

"Tengo la certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad (...) tomó todas las medidas que estaban a su alcance", dijo el mandatario desde Estados Unidos, país desde donde ordenó el retorno anticipado de la secretaria de Estado cuando se conoció lo que dicha cartera calificó como una "falla de seguridad".

Según contó Boric, la ministra fue alertada sobre un riesgo cuando ya se había producido el hackeo, sin avisársele que ya se había concretado la sustracción de correos.

Misma versión entregó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que tras alertarse la vulnerabilidad se tomaron medidas y se reforzó la seguridad informática, sin estar en conocimiento que el ataque ya había ocurrido.

"El lunes se tuvo conocimiento" de lo sucedido, aseguró Tohá, quien precisó que la información les llegó cuando la comitiva presidencial ya había viajado a Norteamérica. Allá, el martes se dispuso el retorno de Fernández, quien recién arribó la madrugada del jueves, pues "no habían vuelos disponibles".

Con todo, Tohá afirmó que la respuesta ha sido "oportuna y adecuada", consignando que se han abierto varias investigaciones para dar con los responsables.

El Presidente Boric agregó que el asunto se está tratando "como Estado" junto a los altos cargos de las FF.AA., con quienes Fernández se reunió el jueves. "Vamos a estar a la altura y las instituciones van a funcionar", aseguró.

Renuncia de paiva

En la misma línea valoró la renuncia del general Guillermo Paiva, quien cuando se conoció el hackeo era el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO). "Me parece correcto que haya asumido su responsabilidad", dijo Boric, asegurando que fue el militar quien puso su dimisión sobre la mesa.

Así lo corroboró Paiva. El exdirector de Inteligencia del Ejército contó a La Segunda que pese a estar con licencia por una operación concurrió a presentar su renuncia. "Fue producto de mi responsabilidad al mando", dijo.

El militar evitó "por ahora" responder si había advertido al ministerio sobre el riesgo informático, dado que reportes de prensa aseguran que él lo sabía desde mayo, y pidió esperar la investigación en curso, aunque confirmó que se tomaron medidas para evitar la vulneración. Añadió que se va "tranquilo" y "con la frente en alto", agradeciendo la lealtad "de mis subalternos. Para mí con eso es suficiente".

En su reemplazo la ministra Fernández nombró como nuevo jefe del EMCO al vicealmirante José Luis Fernández, quien en pandemia fue jefe de la defensa nacional en Tarapacá. Como primera misión se le instruyó nominar al fiscal que encabezará el sumario por el hackeo, indagatoria que liderará el general de Brigada Mario Grez.

En paralelo, la justicia militar indaga las responsabilidades en el caso. El fiscal nacional Jorge Abbott, quien consideró lo ocurrido como "grave", señaló que en caso de que durante la indagatoria aparezcan sospechosos que sean civiles se podría derivar la causa al Ministerio Público.

"Pueden tener total certeza de que vamos a estar a la altura y las instituciones van a funcionar".

Presidente Gabriel Boric

Hasta Berlín y Nueva York llegaron ayer las protestas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, pero la violencia y los enfrentamientos solo han ocurrido hasta ahora en Irán, donde la joven falleció tras ser detenida por llevar mal puesto el velo.

Ayer la televisión estatal iraní elevó a 26 el número de muertes en las manifestaciones, mientras que el presidente Ebrahim Raisi dijo que no permitirá el "vandalismo" y ordenó que se autorizaran multitudinarias contramanifestaciones.

El Ejército iraní, por su parte, afirmó que "está listo" para ayudar a la policía a enfrentar las protestas que sacuden el país desde hace una semana "para defender la seguridad nacional". Los militares calificaron las protestas como "acciones desesperadas de la diabólica estrategia del enemigo para debilitar el régimen islámico" y aseguraron que "las Fuerzas Armadas nunca permitirán que los enemigo dañen los ideales del imán Jomeiní".

Las afirmaciones llegan un día después de que la poderosa Guardia Revolucionaria calificase de "sedición" las protestas y pidiese al Poder Judicial que juzgue a los que "diseminan rumores y mentiras" en las redes sociales y en las calles.

Las autoridades insisten en que las protestas están incitadas por el "enemigo extranjero" con la intervención de embajadas y servicios de inteligencia de otros países.

Mahsa Amini fue detenida el martes de la pasada semana por la Policía de la Moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada a una comisaría para asistir a "una hora de reeducación" por llevar mal el velo. Sin embargo, murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia.