Diego Gotelli C.

E l séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible dos querellas ingresadas por la Universidad Andrés Bello en la que se pide indagar posibles fraudes que alumnos habrían cometido durante las clases telemáticas, en los que se les acusa de contratar a terceras personas para que se hicieran pasar por ellos y respondieran sus exámenes online.

El primero ocurrió en octubre del año pasado, cuando en la sede Concepción se abrió una indagatoria tras detectar anomalías en los tiempos de respuesta de una prueba solemne de Enfermería, alteración que se repetía en diez alumnos de dos cursos distintos. Sus registros mostraban que ocuparon varios minutos para responder la pregunta inicial, en comparación a los escasos segundos que tardaron en el resto del formulario.

De acuerdo a la querella, cinco de los sospechosos reconocieron que alguien ingresó con sus credenciales a la plataforma virtual para rendir la evaluación a cambio de dinero. Otros tres confesaron haber requerido ayuda, pero aseguraron que ellos mismos contestaron el examen. Uno de los involucrados reveló que contrató el servicio a una cuenta de Instagram.

Una situación similar se registró dos meses después en la sede de Santiago, donde un docente recibió un correo en que se denunciaba que uno de sus alumnos contrató a un tercero para que rindiera su exámen de inglés. El mail fue enviado por el suplantador, quien reveló el acuerdo luego que el alumno no le pagara.

Para acreditar los hechos, el denunciante dio cuenta de la clave secreta que usó para entrar al sitio, además de capturas de pantalla de su conversación con el alumno, detallando el monto, la cuenta a la que le debía transferir, y los resultados esperados.

"Es un hecho de suma gravedad, ya que afecta la confianza entre los miembros de la comunidad y el proceso de enseñanza-aprendizaje", recalcó ayer la universidad en un comunicado sobre las querellas por sabotaje informático y usurpación de identidad interpuestas contra quienes resulten responsables.

Las acciones se suman a otra querella ingresada 2021 en que acusaban que mediante grupos de WhatsApp de alumnos personas desconocidas estaban ofreciendo servicios para suplantar a los estudiantes y rendir sus pruebas.

"Lo que buscamos es evitar que este tipo de situaciones, que son puntuales, puedan repetirse", recalcó la UNAB.

En al menos uno de los casos se abrió un sumario, pues dicho actuar puede culminar en expulsión de los alumnos según el reglamento interno. Consultados sobre el resultado, la institución señaló que el proceso es reservado y solo notificado al estudiante.

Evitando responder preguntas a la prensa llegó el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre al despacho de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, donde ayer por la mañana prestó declaración como parte de la investigación de fraude al interior de la institución castrense. En sus únicas dos palabras a los medios, el otrora jefe militar en el gobierno de Ricardo Lagos dijo que "por supuesto" estaba tranquilo, antes de ingresar a dar su testimonio en calidad de inculpado por el delito de malversación de caudales públicos. Esta arista se suma a otras investigaciones que ha enfrentado Cheyre, que incluyen cargos de encubrimiento de homicidios por lo que fue condenado en 2018, sentencia que apeló; y un proceso por torturas del que quedó en libertad tras pagar su fianza.

Un violento robo de su vehículo vivió la noche del lunes una conductora, cuando mientras estaba detenida frente a un edificio de Ñuñoa fue abordada por cuatro delincuentes que la intimidaron con un arma a fogueo que se asemejaba a una pistola real.

Tras obligarla a descender huyeron con el vehículo, pero fueron arrestados en San Bernardo. Los detenidos son todos jóvenes y tres de ellos aún aún no han cumplido los 18 años, una característica que suelen percibir las víctimas de este tipo de delitos y que las cifras así corroboran, pues un reciente informe de Carabineros reveló que la mitad de los ladrones que hacen encerronas son menores de edad.

De acuerdo al catastro, en lo que va de año se han arrestado a 379 personas por robo violento de vehículos en la Región Metropolitana, de los cuales el 50% tiene entre 14 y 17 años. Al desglosar las cifras, la edad que más se repite en los detenidos es 16 años, mientras que quienes tienen sobre 27 años solo representan el 15% de los arrestados.

"Este es un problema que requiere de la máxima atención", dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien afirmó que la participación juvenil va al alza, por lo que se trabaja en medidas extras, las que no solo irán por la vía policial.

En su informe Carabineros constató además que el 96% de autores de encerronas son chilenos, varios reincidentes. Además informó una nueva baja en la ocurrencia de este delito en la capital, que llegó a su menor nivel tras romper en junio su tendencia alcista, coincidiendo con el inicio de planes de refuerzo policial.

"No nos alegra, pero significa que la estrategia ha dado resultado", dijo el general inspector Marcelo Araya, director de Orden y Seguridad.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó que en el ciberataque que vivió el Poder Judicial tras el ingreso de un virus informático no hubo una "fuga de datos" y aseguró que se evitó el eventual acceso de hackers a los equipos de la institución. Ante ello, informó que inicialmente no se considera realizar una denuncia para dar con los responsables de introducir el malware que bloquea archivos y que afectó a 150 computadores. "Es muy difícil llegar a pesquisar esto", justificó, explicando que a la institución -como al resto de la población- le llega n"a cada rato" correos de concursos o pidiendo claves de banco, que son una de las vía que tiene el virus para acceder a equipos remotos.