Matías Gatica Lindsay

En medio de las conversaciones del oficialismo y la oposición para lograr un acuerdo transversal en seguridad, el Presidente Gabriel Boric anunció que enviará al Congreso cuatro proyectos de ley. Tres de ellos buscarán endurecer las penas para los delitos de porte de armas en espacios públicos, secuestros y extorsión. Además, se buscará tipificar el sicariato con condenas para quienes conspiren para realizarlo y que irían a tres a cinco años.

"Sabemos que el tipo de delitos ha cambiado en Chile y eso es algo que preocupa, por lo tanto, tenemos que ser capaces de adecuar nuestra legislación", dijo el mandatario en un conversatorio en la comuna de Peñalolén.

El primero de los proyectos pretende endurecer las penas por delitos de secuestro, que van desde los 3 años y un día a 5 años, y que se agrava a10 años y un día y hasta a 20 años si dura más de 15 días. El proyecto aumentaría la pena a 5 años y un día y a 15 años si dura más de 48 horas.

El segundo buscará un tratamiento penal más severo a quienes porten armas en la vía pública. "No vamos a naturalizar en nuestro país que los problemas o diferencias entre personas se resuelvan a balazos", dijo el jefe de Estado.

El tercero pretende integrar a Gendarmería a las investigaciones para dar con bandas que operen desde dentro de las cárceles, como en el delito de extorsión que también tendría aumento de penas. Además prometió mejorando la tecnología de las prisiones para inhibir y bloquear las señales de celulares.

Sobre la medida de tipificar el delito de sicariato, el Presidente indicó que es "un fenómeno relativamente nuevo en Chile, que es peligroso y que no queremos que se naturalice".

Pese al anuncio el diputado y jefe de bancada de RN, Andrés Longton, espera que en la mesa de seguridad se pueda trabajar otros asuntos como "la defensoría de las víctimas, lo que pasa en las fronteras por la migración, el incremento de delitos realizados por menores de edad" y la modificación de la Ley Antiterroristas. A esto último se sumó su colega del mismo partido, Camila Flores, quien cree que los anuncios "son insuficientes" y pidió más protección a Carabineros y la PDI.

Ante la preocupación de los camioneros por el alza del TAG y de los peajes a partir del 1 de enero de 2023, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, adelantó que la subida de precios de estos últimos "de manera inédita será parcelada".

Ayer, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó su "preocupación por el silencio" que mantenía el Ministerio de Obras Públicas por estas alzas de valores. Desde el gremio demandaron que se "aclarara pronto este punto y saber si hay conversaciones en curso con las empresas que gestionan las vías que conduzcan a aplicar reajustes menores".

Los transportistas plantearon que "hay que tener en cuenta que las autopistas urbanas elevaron en un 60 % sus utilidades al tercer trimestre y que los ingresos de las concesionarias aumentaron en casi un 30 % en el mismo periodo", razón por la que indicaron que en caso que el MOP "no tomara en cuenta este hecho es en la práctica una virtual invitación a un estallido en las rutas".

Ante estos dichos el ministro García señaló que "las inflación ha significado un alza de distintos servicios y los peajes no son la excepción. Es por eso que le he planteado a las concesionarias de autopistas y de carreteras la necesidad de contar con una fórmula que está alza no impacte tan bruscamente el bolsillo de las familias", por lo que el "alza parcelada" que se acordó para el próximo año significará que " en carrerteras urbanas será similar a la del 2022, mientras que en las interurbanas será menor a las que se aplicó este año".

La ministra Justicia, Marcela Ríos, defendió la nominación de Marta Herrera como carta del Ejecutivo para ocupar el cargo de Fiscal Nacional. Ante las críticas de la oposición, la secretaria de Estado aseguró que "esto no es un gallito entre el Congreso y el Gobierno".

Tras el rechazo del Senado a la candidatura de José Morales, primer nominado por La Moneda al cargo de Fiscal Nacional, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, fue la nueva apuesta del Ejecutivo.

Sin embargo, su nominación no ha estado exenta de críticas. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público aseguraron que "no cumple un perfil de independencia al haber sido principal partícipe y corresponsable de la gestión de (Jorge) Abbott".

La afirmación fue negada por Marcela Ríos, quien dijo que espera "que la idea de continuismo o de cargar la evaluación negativa de una persona no tenga que ver con un sesgo de género".

Por su parte el senador Iván Moreira dijo ayer que "la bancada de la UDI en su totalidad, sus nueve senadores van a votar en contra" este lunes 19 de diciembre. De ser así se vuelven a complicar la carta del Gobierno, pues necesitan 2/3 de las preferencias para proclamar a la nueva Fiscal Nacional.