Agencia EFE / L. R. C.

Seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron ayer el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ataque evocó al asalto al Capitolio de Estados Unidos registrado a inicios de enero de 2021, perpetrado por adherentes al entonces presidente Donald Trump que desconocían la victoria del demócrata Joe Biden, tal como intentó cuestionar Bolsonaro con el triunfo de Lula.

Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Congreso Nacional brasileño fueron rotos por los manifestantes, que ocuparon los edificios de los tres poderes en el país.

Lula, quien estaba de visita en el interior del estado de Sao Paulo afectado por inundaciones, durante la tarde, junto con condenar lo ocurrido, llamar "genocida" a Bolsonaro y acusarlo de instigar el hecho, decidió regresar a la capital política.

Dentro de las medidas anunciadas, Lula decidió que hasta el 31 de enero se aplicará una intervención federal en la seguridad de Brasilia, una materia que la legislación consagra en la política estadual y no en el gobierno central.

Antes del anuncio de Da Silva, el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue destituido de su cargo por parte del gobernador de dicho estado, Ibaneis Rocha, quien además ordenó la salida a las calles de "todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables"

Patrullas de la Policía Legislativa, que vela por la seguridad en el Congreso, fueron atacadas y las barreras que acordonaban las sedes de los tres poderes fueron destruidas por los manifestantes.

Los actos antidemocráticos pedían la intervención militar de las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, quien asumió la Presidencia hace una semana, el 1 de enero.

Los bolsonaristas radicales no reconocen la victoria en las urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9% de los votos válidos, frente al 49,1% de Bolsonaro.

Las policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar sin éxito a los manifestantes, que portaban banderas del país y algunos estaban armados con palos.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, que desde el sábado había autorizado la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad ante la llegada a la capital brasileña de decenas de autobuses de bolsonaristas, dijo que la voluntad de los radicales "no prevalecerá".

Inmediatamente después de la derrota en las urnas el pasado 30 de octubre, los bolsonaristas montaron campamentos frente a los cuarteles en varias ciudades brasileñas y en muchos lugares permanecen concentrados desde hace dos meses.

Los actos en Brasilia desataron otros en el país, entre ellos en Sao Paulo, donde la Avenida 23 de Mayo, una de las principales carreteras urbanas de Sao Paulo, fue bloqueada por bolsonaristas impidiendo la circulación de automóviles cerca del aeropuerto de Congonhas.

Lula Da Silva calificó de "barbarie" los graves altercados vividos ayer . El líder del PPT agregó que los radicales han sido "estimulados" por Bolsonaro y que "pagarán con la fuerza de la ley" por los disturbios provocados.

"Vamos a descubrir a los financiadores" de esas protestas violentas y de cuño golpista, que "destruyeron todo lo que encontraron a su paso", indicó Lula, quien denunció fallos de seguridad por parte del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.

"La democracia garantiza el derecho de la libertad de expresión", pero "exige que las personas respeten las instituciones", manifestó el jefe de Estado.

Condena internacional

Tras varias horas de asonada, en que los manifestantes se tomaron fotografías y grabaron videos en medio de los daños y sentados en los sillones de las autoridades, los agentes antidisturbios cargaron contra los golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con lo que recuperaron los sitios ocupados.

Al anochecer en el país las imágenes de medios mostraban destrozos, inmuebles lanzados a la intemperie, orina y fecas humanas en el piso, además de rotura de cañerías, con pisos inundados. A esa hora se hablaba de unos 150 detenidos.

"Esto no quedará impune, van a ser juzgados con toda la fuerza de la ley (...) Velaremos para que nunca más se ocupe una bandera brasileña, una camiseta de la selección para fingir que son nacionalistas, que son brasileños, y cometan estos crímenes", agregó Da Silva.

La intentona generó repudio internacional, al que se sumó el Presidente chileno Gabriel Boric, quien tuiteó que "el Gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia".

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que el presidente Joe Biden seguía de cerca la situación y expresó su "apoyo inquebrantable" a las instituciones democráticas de Brasil.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó que lo sucedido "constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia. Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista".

Hasta el cierre de esta edición Bolsonaro, quien permanece en Miami, no se pronunciaba por el hecho. El presidente de su partido, el Liberal, Valdemar Costa Neto, calificó lo ocurrido como "una vergüenza" y "un día triste para Brasil".