Matías Gatica Lindsay

El Presidente Gabriel Boric apremió ayer a Cancillería a resolver los problemas con Bolivia y Venezuela para enfrentar la migración ilegal que afecta al país y que tiene a los militares resguardando las fronteras.

Luego que el mandatario acusó a Bolivia de obstruir la reconducción de migrantes, principalmente venezolanos que entran por pasos no habilitados, el viceministro de Relaciones Exteriores del país altiplánico, Freddy Mamani, aclaró que "no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación".

Ante esos dichos, Boric ayer respondió desde la comuna de Colchane que "no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones".

Por ello agregó que "he mandatado a nuestro nuevo canciller a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia. Con ellos no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978".

En cuanto a Venezuela, a quien Boric acusó de no abrir el espacio aéreo para permitir las expulsiones, desde su Cancillería señalaron que su gobierno no ha recibido una "solicitud de trabajo coordinado con el Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos". Ante esto el mandatario reconoció que "la relación (con ese país) evidentemente hace tiempo no es fácil".

Pese a ello, aseguró que Chile tiene la "voluntad" para "trabajar con todas las herramientas (...) Donde Venezuela también tiene un rol importante que jugar".

Ante el requerimiento, el canciller Alberto Van Klaveren afirmó en la tarde que "están dadas las condiciones para fortalecer el diálogo (...) Han habido señales positivas, tanto de parte de las autoridades bolivianas como también de parte de las autoridades venezolanas, ambas están dispuestas a tener una diálogo sobre este tema. Yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar".

El ministro agregó que la Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo el 24 y 25 de marzo en Santo Domingo (República Dominicana) "es una ocasión para poder tener contacto con las autoridades de ambos países".

El pleno del Tribunal Constitucional requirió ayer al Ministerio de Justicia que entregue antecedentes sobre solicitudes de indultos de particulares pedidas antes del 29 de diciembre por parte de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del estallido social de 2019; y que informe requerimientos que sobre el mismo periodo se hayan hecho en los último tres meses. Esto, con el fin de resolver el requerimiento hecho por parlamentarios de Chile Vamos que cuestionan la constitucionalidad de siete indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric, entre ellos el exfrentista Jorge Mateluna. En el debate de ayer el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, admitió que hay en trámite una petición de indulto nueva.

CPC rechaza impuesto al patrimonio porque "afectaría a utilidades"

Luego del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la Confederación de la Producción y el Comercio se reunió esta semana con el Ejecutivo y valoró su idea de modificar la iniciativa. Sin embargo, ayer el presidente de la multiempresarial, Ricardo Mewes, dijo a radio Cooperativa que un posible impuesto al patrimonio como estaba estipulado en la reforma rechazada "debería estar fuera". Esto, pues cree que "estaba apuntado a gravar a cerca de 6 mil personas que son las más ricas del país. El 95% de ese patrimonio está en acciones" que "fluctúan ", por lo que "para pagar ese impuesto los empresarios tendríamos que vender parte de las utilidades (...) Es una mala política pública" y aseguró que también lo es "aplicar impuestos a las utilidades retenidas".

Pese a ello, dijo que "en función de las necesidades, nosotros vamos a estar dispuestos a concurrir. Estamos hablando de 2,7% del PIB, tenemos que ir afinando las cifras".

Al asumir el miércoles como nuevo presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma planteó la posibilidad de aplicar un "fast track" o vía rápida para aprobar todos los proyectos de ley en materia de seguridad que se encuentren en el Congreso.

El parlamentario planteó ayer que la Cámara y el Senado podían dar prioridad en los próximos 90 días para "despachar todos los proyectos que existen en esta materia y que se hayan presentado o que presente el Gobierno, que ha sido un montón".

Coloma indicó además que "una cosa es la urgencia que pone el Gobierno y otras son las urgencias que los comités mismos pueden darse (...) Vamos a ponerle todo el espacio de tiempo en las sesiones de las comisiones".

Sobre esta idea, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, señaló a Tele13 Radio que "nadie puede negarse a una opción de tener una tramitación rápida y que le muestre a todos los ciudadanos que somos capaces en el Congreso y el Ejecutivo de lograr una agilización en medidas de seguridad".

"Tengo la impresión que el senador Coloma asume como presidente del Senado entendiendo que está en su mano la llave de la articulación política", complementó.

También pensando en la agenda de seguridad, el Ejecutivo había dado prioridad el miércoles a 16 proyectos en esta materia, lo que en Chile Vamos calificaron como "insuficiente".