Matías Gatica Lindsay
El Gobierno inició ayer en la capital el plan Calles sin Violencia, que beneficiará a 46 comunas del país con mayores medidas de seguridad. Los alcaldes de municipios excluidos en esta etapa reclamaron que sólo se contó los homicidios para la selección y no otros tipos de delitos y expresaron su temor de que les quiten Carabineros para destinarlos a otras zonas.
En la Plaza Bogotá en Santiago la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a autoridades presentaron el plan, que en una primera fase favorecerá a 46 comunas que concentran el 65% de los homicidios y que representan el 53% de la población de Chile.
En la Región Metropolitana las 22 comunas son Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón.
A ellas se suman 24 comunas de regiones, que al igual que las capitalinas reforzarán su seguridad en cuatro ejes.
Uno es la persecución penal efectiva, con un grupo de primera respuesta ante homicidios, compuesto por fiscales, analistas criminales, abogados asistentes, profesionales de atención a víctimas y apoyo administrativo, a cargo de un fiscal preferente, y la conformación de "Grupos de Investigación Especial" por parte de la PDI.
Otros son patrullajes policiales reforzados para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos; y la fiscalización de infracciones e incivilidades, que tendrá por fin sacar de circulación las armas ilegales e irregulares y capturar a a personas con órdenes de detención pendientes y prófugos.
Y en cuarto punto, la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos, con presencia del Estado acercando servicios sociales y trámites públicos, activaciones culturales y deportivas, e inversiones en barrios.
Reparos de alcaldes
Pese a que la medida fue valorada por los alcaldes de las comunas beneficiadas con el plan, los de los municipios que no fueron incluidos expresaron su molestia.
Tal fue el caso del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, quien lamentó la exclusión de una zona donde ayer se suspendieron las clases de algunos colegios por un "funeral de alto riesgo", "Nos va a dejar en una desventaja grave, porque se va a reforzar la seguridad en otras comunas y hemos visto que el discurso del Gobierno ha sido que no hay posibilidad de aumentar la fuerza de trabajo de Carabineros", reclamó.
Por Conchalí, René de la Vega pidió que no les saquen carabineros asignados a su comuna para llevarlos a los lugares donde se aplicará el plan, pues acusa que "ya tenemos un déficit muy grande en la comuna" y "administramos pobreza".
Como un reclamo general de las 300 comunas restantes, la Asociación Chilena de Municipalidades pidió revaluar el plan para no dejar zonas excluidas.
Ante los cuestionamientos, la ministraCarolina Tohá dijo que "tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás. Nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo", y agregó que cuando avancemos en estas (comunas) con más delitos vamos a poder mover este dispositivo a otros territorios".
Sin embargo, las críticas no fueron sólo de los municipios excluidos, pues el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cuestionó que no haya claridad en los datos: "Con cuántos carabineros se va a poder implementar esto (...) Otro tema muy importante son los plazos, cuándo parte el plan en las otras comunas; cuáles son objetivamente los instrumentos de medición, que tampoco quedaron establecidos (...) Abran los datos, dejen el secretismo".
A ello se sumó el alcalde RN de Puente Alto, Germán Codina, quien dijo que fiscalizarán que el plan se cumpla y que no quede sólo en palabras.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó que para llevar a cabo el plan en el Ministerio Público "se requiere de presupuesto, organización interna y diseño concreto de protocolos" y que para eso será clave la coordinación con las distintas fiscalías para abordar los delitos cometidos por el crimen organizado.