J. Pablo Fariña López
Durante la reunión del Pleno de la Corte Suprema realizada ayer en Santiago se analizó la admisibilidad de la solicitud de remoción de la fiscal regional Marcela Cartagena, la cual fue presentada el 20 de abril pasado con la firma de 16 parlamentarios.
En horas de la tarde, el máximo tribunal del país revisó la petición y determinó dejar la resolución en acuerdo, la cual será dada a conocer en los próximos días.
En aquella petición también participaron los familiares de víctimas de casos policiales emblemáticos Tomás Bravo Gutiérrez y Sergio Mardoff Peirano, quienes cuestionan la labor de la fiscal regional en las investigaciones por las muertes de sus seres queridos.
Estefanía Gutiérrez, madre de Tomasito, indicó por medio de sus redes sociales que "espero que el Poder Judicial pueda decidir por lo más justo y que piense en nosotros, en todas las familias que hemos sufrido la pérdida de un hijo y además la impunidad de quienes están supuestamente para ayudarnos y no lo han hecho".
Actualmente no hay responsables por la muerte de Tomasito y en el caso del joven Sergio Mardoff, tras desaparecer en 2005 su familia se enteró en 2018 por terceros que su cuerpo llevaba 3 años sin ser identificado al interior del Servicio Médico Legal de Concepción, tras haber sido encontrado camino a Santa Juana.
Reacciones
La diputada Marlene Pérez recalcó su respeto hacia el acuerdo de la Corte Suprema y espera que se declare ha lugar la remoción solicitada por los 16 parlamentarios.
"Vamos a respetar el acuerdo que haya tomado la Corte Suprema y esperamos se acoja a trámite la solicitud de destitución de la fiscal Cartagena, porque el Ministerio Público debe poner siempre en el centro a las víctimas. Si existen acusaciones de denegación de justicia y negligencia en los procedimientos que ha liderado, es importante investigar y tomar medidas para corregir cualquier irregularidad", manifestó.
Agregó que "sea cual sea la resolución, los problemas del Ministerio Público no van a terminar acá, porque acá además del liderazgo que ha fallado en la Región del Biobío, existe un problema estructural".
En tanto, el diputado Leonidas Romero sostuvo que "se está fiscalizando a los fiscalizadores. Hasta hace un tiempo hacían lo que querían, no solamente los fiscales regionales. Hay mucha gente sobre todo humilde, que ha sido atropellada en sus derechos humanos, pero acá la mamá de Tomasito o el papá de Sergio no encontraron justicia en las personas indicadas y mandatadas por ley para hacerlo".
Al ser consultada la Fiscalía Regional por este tema, no hubo respuesta al cierre de esta edición.
16 parlamentarios presentaron la solicitud junto a familia de Tomasito y Sergio Mardoff Peirano.
