La Policía de Investigaciones informó ayer la desarticulación de una banda criminal que aparentemente importaba droga desde Bolivia para venderla en la Región Metropolitana. Según indicó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en los últimos días se realizaron diferentes allanamientos en domicilios de la Región Metropolitana y en Graneros, Región de O'Higgins, donde consiguieron la detención de cuatro personas, tres chilenos y un boliviano, quienes ayer pasaron a control de detención y hasta el cierre de esta edición estaban siendo formalizados como presuntos autores de los delitos de tráfico de droga, lavado de activos y asociación ilícita.

En los operativos los detectives le decomisaron a la banda 1.795 kilos de cannabis, 27 kilos de clorhidrato de cocaína y 79 kilos de cocaína base, todo ello avaluado en más de $10 mil millones. Además les fueron incautados celulares y dinero chileno y boliviano en efectivo.

La PDI indicó que esta banda transnacional importaba la droga principalmente escondida en camiones de alto tonelaje desde puntos fronterizos en la Región de Antofagasta, desde donde luego la transportaban a Santiago, donde luego era comercializada.

La investigación apuntó como líder de la banda a un ciudadano boliviano, quien se encuentra cumpliendo una pena por narcotráfico en el penal de Alto Hospicio, desde donde dirigía la operación por medio de un familiar.

La Fiscalía agregó que "vamos a seguir la investigación, estamos recién comenzando, esta es la primera etapa, y es probable que en el transcurso encontremos a otras personas" involucradas.

Un total de nueve imputados por los delitos de tráfico de drogas, trata de personas y tenencia de armas, fueron enviados ayer a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, tras la decisión del Juzgado de Garantía de Concepción.

En audiencia de formalización iniciada el lunes, el fiscal José Patricio Aravena detalló que uno de esos sujetos indicó pertenecer al llamado "Tren de Aragua", organización delictual de origen venezolano que se investiga si estaría o no, actuando en el Biobío.

Recordar que de acuerdo al Ministerio Público estos individuos serían responsables del ingreso irregular a Chile de mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana y obligadas a ejercer la prostitución en un inmueble de calle Aníbal Pinto. En el marco de allamientos a inmuebles de los diez detenidos, fueron encontradas armas y drogas. Se trató de 225,248 gramos de cannabis sativa (marihuana), 63,82 gramos de clorhidrato de cocaína y 1,79 gramos de ketamina; además de una pistola calibre .380 con tres cartuchos al interior de su cargador.

Defensa

"Planteamos que no se dan los requisitos en el Código Penal para que se configurara el delito penal de trata de personas. También se debatió sobre la recalificación del delito de tráfico de drogas a tráfico en pequeñas cantidades, además de la participación del delito de la Ley de Armas", señaló Rodrigo Campos, defensor público de cinco de los imputados.

"Existen antecedentes en la carpeta investigativa que declararon como testigos y señalaron circunstancias de empleabilidad sin ningún tipo de trabajo forzozo, situación de dominio o explotación. Creemos que son antecedentes certeros y fehacientes. Ellas hablaron sobre cómo llegaron a Concepción, que negociaron y manejaron su dinero sin problemas", añadió.

Sobre la vinculación de los imputados con el Tren de Aragua, dijo que "solo existe una vinculación en audio, que no tiene ningún tipo de corroboración en la carpeta".

El Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible ayer la renuncia del consejero electo Aldo Sanhueza a su cargo en el órgano constitucional.

El consejero electo por la Región del Biobío, envuelto en una polémica tras conocerse que fue formalizado en 2019 por graves ofensas al pudor, luego que una mujer lo denunciara por hechos ocurridos en un bus, había presentado la renuncia al Partido Republicano, por el que fue electo, y el viernes pasado anunció que también se restaría de la instancia de redacción de la nueva propuesta de Carta Magna.

Sin embargo, aún faltaba lo que dijera el Tricel, que decidió declarar inadmisible su renuncia "por carecer, este tribunal, de competencia para pronunciarse sobre el particular, toda vez que la institución de la renuncia que se pidió a este tribunal no está consagrado en las normas constitucionales ni legales que son de orden público".

La secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, explicó que Sanhueza "está solicitando que se declare la procedencia de su renuncia, y estamos frente al derecho público, donde solamente podemos realizar lo que está permitido por la ley, y este instituto no está previsto en la legislación nacional".

Sanhueza podría sí renunciar cuando asuma como consejero constitucional, si aún lo desea.

Por otra parte la Comisión Experta despacharía hoy el anteproyecto constitucional a ser trabajado por el Consejo, que se instalará el 7 de junio.