El Cementerio General de Concepción, ubicado en la llamada Chacarilla de Chepe, fue creado por el decreto supremo del 31 de julio de 1823, durante el gobierno del Presidente Ramón Freire.

Este fue administrado por más de 100 años, por la Junta de Beneficencia de Concepción, dirigida por el intendente, cuyos miembros eran funcionarios públicos, administradores de las instituciones y vecinos destacados de la ciudad. Esta junta reunía en una sola institución la administración y financiamiento de las entidades relacionadas con el bienestar social que surgieron durante el siglo XIX, como los hospitales de hombres y de mujeres, el Hospicio, la Casa de Expósitos, el Lazareto, el Cementerio, las cárceles, la Policía de Salubridad y el Manicomio Avello.

El funcionamiento del Cementerio de Concepción en la época, se rigió hasta entrado el siglo XX por el reglamento del 24 de noviembre de 1846, que establecía su funcionamiento y administración mediante la existencia de empleados, destacando figuras civiles y una figura eclesiástica: el administrador, el mayordomo, el capellán y los sepultureros. El administrador era el enlace directo entre el cementerio y la Junta de Beneficencia, participaba de ella y tenía la responsabilidad de formar los presupuestos, proponer mejoras y remitir cada cuatro meses al Ministerio del Interior un estado demostrativo del número de cadáveres sepultados. Por otra parte, la presencia de un capellán y la existencia de una capilla, marcaban la presencia simbólica y latente del catolicismo en el cementerio.

El reglamento establecía las atribuciones y deberes que debía realizar la figura del capellán, como celebrar misas en la capilla del cementerio en los días de fiesta religiosa, celebrar las misas de cuerpo presente que solicitaran por los deudos de los difuntos y: "Recibir los cadáveres qe ubiesen pagado derecho de sepultura i acompañarlos asta esta revestido de capa pluvial i resando las oraciones prescritas por el ritual".

Además, llevaba un registro mortuorio, pese a que en ninguno de los artículos del reglamento se establece algún tipo de exclusividad para decidir quién podía o no enterrarse en el cementerio, sin embargo, era clave para ingresar al camposanto el haber cancelado los derechos de sepultura, los que eran cobrados por la iglesia, con excepción de los pobres de solemnidad.

El reglamento de 1846 no menciona pasaje alguno sobre los disidentes y es la municipalidad, mediante la figura del intendente, la que comienza a gestionar en 1849 un espacio anexo al Cementerio Católico para el entierro de los disidentes, quienes también participaron de la gestión por parte de algunas personalidades. Es así que en la sesión del 13 de octubre de 1849, se comisionó a Olof Liljelvalch y D. Tomas Smith para que procedieran a formar el reglamento del Cementerio de Disidentes de Concepción, estos buscaron inspirarse en el reglamento del Panteón Disidente de Valparaíso. Ambos extranjeros vivían el auge molinero de la época, por lo tanto gozaban de visibilidad dentro de las esferas de negocios de la élite y con la autoridad.

Si bien puede haber una iniciativa de abordar el tema de los disidentes y su derecho a descanso eterno en tierras que estaban de alguna manera indicadas sólo para católicos, hay un caso que exacerbó la pugna entre liberales y conservadores de corrientes laicas y clericales al respecto. La muerte en octubre de 1871 del coronel Manuel Zañartu Opazo, último soldado de la Guerra de Independencia que aún vivía en Concepción. En su vida familiar y privada durante sus últimos años no vivió con su legítima esposa, sino con su amante, lo que se establecía como "pecado de concubinato" para la sociedad católica de la época. Ante la inminencia de su muerte, su esposa legal, solicitó al obispo de la época, Hipólito Salas, para que intercediera ante su esposo y fuese trasladado a su hogar familiar para morir en él, con lo que buscaba reducir las habladurías y comentarios de la gente. El coronel rechazó las sugerencias espirituales del obispo, muriendo en la casa de su amante, contradiciendo las disposiciones canónicas y adquiriendo en su muerte la calidad de "disidente", sin haberse arrepentido ni recibido la extremaunción.

En esta condición, el obispo Salas le negó los pases de sepultación para su funeral en el cementerio de la ciudad, por considerar que corrompía el camposanto al enterrar un cadáver que no murió conforme a las disposiciones canónicas.

Ante esta situación, el intendente de Concepción, Francisco Manselli, ordenó romper los candados del Cementerio de Concepción, frente a la negativa del obispo, y proceder a la inhumación del cuerpo del militar que ya hedía.

El revuelo en la época sobre lo sucedido con la muerte del oficial, se sumó a otros casos como el de Porcia Crosby de Stanton, al parecer de confesión católica, que fue sepultada en el Cementerio Disidente de Talcahuano, donde yacía su padre protestante, Williams Crosby, quien fuera cónsul de Estados Unidos, de lo cual se escribió en medios proclericales: "La Libertad Católica ha vuelto a insistir sobre la necesidad de exhumar los restos de la señora Porcia Crosby de Stanton, como único medio de reparar la infracción legal que, por su sepultación en cementerio protestante, se consumó… ¿es efectivo que ha habido infracción legal i por consiguiente delito en la sepultación de la señora Crosby de Stanton en el cementerio protestante, cuando debían descansar sus restos en el católico?".

Por esta razón, la autoridad eclesiástica había aconsejado exhumar los restos para devolverlos al sector católico, ya que le propinaba la pérdida de los bienes espirituales el estar en un lugar para protestantes.

Con todos estos temas candentes en la sociedad de la época, el gobierno del Presidente Domingo Santa María, promulgó la Ley del 2 de agosto de 1883 sobre cementerios laicos, para luego completarla en julio de 1884 con la Ley del Registro Civil, institución que será la encargada de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones, quitándole todas estas funciones a la iglesia católica.

Por su parte, en Concepción, el obispo Salas como medida para separar las almas de católicos y disidentes dentro del camposanto, hizo levantar una muralla de un metro de ancho y tres metros de alto, por el largo total del cementerio general de la ciudad.