La Municipalidad de Talcahuano y la familia de Hugo Arancibia Zamorano (QEPD) realizaron la presentación del libro autobiográfico "La Historia de mi vida" escrito por el líder histórico de la pesca artesanal y activista en materia de derechos humanos, mientras padecía de un severo cáncer que provocó su deceso hace 9 meses. El acto se realizó en dependencias del Teatro Dante de Talcahuano, y se concretó el 29 de junio, día en que los pescadores artesanales rinden tributo a San Pedro.

"(Hugo Arancibia fue un) gran líder de Talcahuano cuya imagen se proyectó a nivel regional, nacional e internacional por su sabiduría y especiales dotes para dialogar, más allá de las diferencias y al que la ciudad puerto le debía el reconocimiento de la comunidad local y que hoy concretamos en su esposa, la señora Margarita Chandia González ".señaló el alcalde de Talcahuano, Henry Campos.

"Tuve la fortuna de trabajar con Don Hugo Arancibia en la primera mesa de trabajo entre Ferepa y la empresa Arauco en la bahía y desembocadura del rio Itata. Este trabajo significó también la colaboración con la comunidad científica de la Universidad de Concepción. Como editorialista me sorprendió leer su texto. La forma como aborda la pobreza y el ímpetu ejemplar con que logró ser un gran hombre, de sólidos valores cristianos, un humanista de los que el país hoy adolece", añadió el psicólogo Eugenio Marco, de la Consultora Tironi.

Javier Arros Henríquez, diácono permanente para la Pastoral y el mundo del trabajo del Arzobispado de la Santísima Concepción recordó que Hugo Arancibia se sumó a la defensa de los trabajadores lesionados en sus derechos humanos a muy temprana edad y se destacó por esa sabiduría de la que estaba dotado y que lo llevó a luchar, junto a otros grandes líderes sociales hasta la recuperación de la Democracia en nuestro país. Junto con ello se ocupó de elevar la calidad de vida de los pescadores artesanales.

"La Ciudad Puerto le debía el reconocimiento de la comunidad local"

alcalde Henry Campos

1987 fue el año de fundación de Ferepa Biobío, entidad presidida por Hugo Arancibia Zamorano.

Leo Riquelme

Por la unanimidad de sus integrantes, el tribunal supremo de Revolución Democrática (RD) aprobó la expulsión de dos de sus militantes implicados en el caso Democracia Viva, es decir, su representante, Daniel Andrade, y quien era el seremi de Vivienda de Antofagasta que le asignó directamente tres convenios por 426 millones de pesos, Carlos Contreras.

La máxima instancia del partido oficialista comunicó su decisión un día después que renunciara a la colectividad Andrade, quien era pareja hasta hace unas semanas de la diputada Catalina Pérez.

La parlamentaria ha negado cualquier vinculación con el convenio suscrito entre el ingeniero civil mecánico y quien fue parte de su staff parlamentario hasta asumir en la secretaría regional ministerial de Vivienda. Su partido, que en principio la defendió, esta semana ha dicho que sospecha de su desconocimiento y la incluyó dentro de la querella que presentó contra quienes resulten responsables del supuesto caso de corrupción. El presidente, Juan Ignacio Latorre, dijo ayer que para Pérez están solicitando la suspensión de la militancia.

"Continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el tribunal supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública", dijo en un comunicado RD.

A las denuncias iniciadas en Antofagasta se sumaron esta semana investigaciones penales por convenios similares suscritos en el Maule y Los Lagos. Además, el Servicio Electoral (Servel) abrió una indagatoria que involucra a Democracia Viva, pues fue una de las organizaciones civiles que recaudó fondos para la campaña del Apruebo durante el plebiscito de salida del año pasado.

Ayer, en tanto, la Fiscalía Regional de Atacama informó la apertura de una investigación penal, luego que la Seremi de Vivienda de esa zona ordenara la apertura de un sumario administrativo por un convenio por 128 millones de pesos con la Fundación Comprometidos -presidida por el ex PRO Sebastián Duarte- para la distribución de agua potable en dos campamentos de Copiapó. Hasta eso, la empresa tenía giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para realizar actividades de producción de películas cinematográficas y clínicas veterinarias, según reportó La Tercera.

"Me parece extraño, tendrá que investigarse. Parece bastante absurdo y ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otro, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oír", dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

La autoridad, que pidió no sacar conclusiones apresuradas ni enlodar a todas las ONG con convenios fiscales, dispuso que el mismo equipo que indaga lo ocurrido en Antofagasta y Talca recopile antecedentes sobre el caso de Copiapó.

El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González, informó que la indagatoria penal se inició a partir de una denuncia de la diputada RN Sofía Cid.

128 millones de pesos asciende otro convenio con una ONG que se cuestiona en Copiapó.