Leo Riquelme

El Ministerio Público se encuentra investigando a 32 fundaciones con convenios supuestamente irregulares en once regiones, según reportó ayer la institución, que sostuvo un encuentro con los equipos operativos que participan en las diligencias.

Las regiones con indagatorias son Arica y Parinacota, Atacama, Antofagasta, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, informó que la reunión buscaba "unificar criterios" para que las investigaciones avancen "de manera uniforme", dado el revuelo que se ha generado con las asignaciones directas entregadas por seremis de Vivienda y Desarrollo Social, y especialmente los Gobiernos Regionales.

Por ahora las investigaciones seguirán en manos de los 10 fiscales regionales, número que se explica porque el caso detectado en el Maule, con la fundación Urbanismo Social, lo lleva Antofagasta.

El director de la unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, destacó que la PDI creó un equipo especial que incluye a expertos en asuntos contables y en cibercrimen.

Ante el avance de las causas, Valencia y Campos no quisieron precisar los montos involucrados ni hablar sobre la existencia de un eventual defraudación. Dijeron que por ahora el "abanico (de delitos) indagados es muy amplio" e involucra posibles malversación de fondos públicos, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencias.

El Fiscal Nacional reiteró que entre las fundaciones hay "ciertos rasgos comunes evidentes", que se refieren en su mayoría a traspasos efectuados por Gobiernos Regiones a fundaciones "casi en tu totalidad de formación muy reciente, creadas al amparo de la ley vigente, que es menos exigente que la ley antigua".

A ello sumó transferencias hechas "mediante contratos que no establecían un conjunto de garantías que generalmente se imponen (...) Por ejemplo, no existieron pagos parcializados (...) y en muchos de esos casos hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones, que en principio son de beneficencia, y la experiencia de quienes forman parte de sus equipos o de sus directivas, con los servicios que se comprometieron a prestar".

Aunque había indicado en la víspera que el hecho tenía dichas características, el Gobierno decidió no invocar la Ley Antiterrorista en la querella contra quienes resulten responsables del atentado cometido el miércoles en Traiguén, donde encapuchados quemaron una escuela, una posta, una iglesia, una sede social, una ambulancia y tres vehículos, donde además dejaron un lienzo exigiendo la libertad de mapuches presos.

Los delitos invocados en el libelo del Ejecutivo son incendio, porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados y asociación criminal.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, que el miércoles dijo que este atentado tenía "características terroristas incluso con la legislación actual", ayer explicó que decidieron no recurrir a esta normativa "porque sabemos que (de esta forma) vamos a tener mejores resultados".

Tohá añadió que en dos semanas presentarán la modificación a esta ley, que, entre otros aspectos, buscará eliminar que se deba comprobar el ánimo de causar terror y, en su lugar, se enfocará en el efecto de la acción.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, coincidió en que los hechos de Traiguén tuvieron "características de una acción terrorista (...) Pero lamentablemente no tenemos una ley para perseguir estos hechos de una manera efectiva", por lo que abogó por la necesidad de una modificación.

El secretario general de RN, diputado Diego Schalper, criticó la decisión del Gobierno. Calificó como "incomprensible" que no se persiguiera como un acto terrorista y acusó una "complicidad pasiva" ante la situación.

La caja fuerte que apareció en Renca semienterrada y tapada con basura era la sustraída el 20 de julio en el Ministerio de Desarrollo Social, según confirmó ayer Carabineros y la propia cartera afectada.

Estaba sin puerta ni la documentación que tenía cuando fue sustraída junto a 23 computadores, hecho por el que hay dos detenidos, uno de las cuales se hizo pasar por el ministro Giorgio Jackson para engañar a los guardias.

La caja fue encontrada en la misma comuna en que aparecieron los laptops, que fueron recbidos por la abuela del principal sospechoso del caso, quien dirigió la operación desde la cárcel.

Desarrollo Social y la ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmaron que las tres boletas de garantía por convenios vigentes que almacenaba están respaldadas digitalmente, por lo que la información no peligra.

El robo a esta cartera se podujo en medio de los cuestionamientos a militantes de RD por los convenios irregulares con ONGs en varias regiones, por los que la oposición presiona por la salida del ministro Giorgio Jackson, grupo al que en las últimas horas se sumó el diputado PPD Raúl Soto y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

"Más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces, y creo que las decisiones hay que tomarlas. Para eso nos gobiernan", dijo el empresario a radio Universo.