J. Pablo Fariña López

En medio de la crisis por las supuestas irregularidades en traspasos de fondos directos a fundaciones por parte del Gobierno Regional, en donde el Caso Polizzi ha tomado especial atención, tras la última sesión extraordinaria varios consejeros regionales se refirieron a algunos cambios que consideran necesarios, para permitir una mayor fiscalización en la entrega de dineros públicos.

De aquello, la consejera regional Camila Arriagada expuso que "la falta de sesiones de comisiones de trabajo da cuenta del incorrecto funcionamiento interno del consejo. Es necesario un cambio reglamentario que permita que las comisiones de trabajo puedan autoconvocarse, independiente si así lo estima pertinente el gobernador".

Sobre la última reunión realizada el viernes recién pasado, Arriagada apuntó que "hay disconformidad con todo lo que ocurrió en esta sesión, primero por la restricción del acceso, también por la falta de información que solicitamos que expusiera el ejecutivo de Rodrigo Díaz. Todo lo que se nos entregó es de conocimiento público, no nos permite seguir en nuestra labor fiscalizadora".

En la misma línea, el consejero Javier Sandoval opinó que "vamos a seguir insistiendo con estas sesiones, para que ojalá sean de manera semanal ya que son una buena herramienta. Es una instancia para seguir exponiendo casos y creemos que es una oportunidad para cambiar algunos mecanismos dentro del mismo Consejo Regional. Las comisiones de trabajo deberían ser públicas".

Por su parte, la consejera Marcela Tiznado manifestó que "propuse que las transferencias a las instituciones sean realizadas según estado de avance, y no como hasta ahora con un depósito por el 100% del valor del proyecto. Esta medida permitirá detectar a tiempo cualquier irregularidad y dar término anticipado de no cumplirse con los tiempos y formas, cuidando nuestros recursos".

Agregó que "debemos continuar trabajando para mejorar la calidad de nuestra gente. Las comisiones deben volver a funcionar y así seguir generando inversión pública en las comunas de la región".

En tanto, el consejero Rodrigo Vera expresó que "las fundaciones que están siendo investigadas por Contraloría y Fiscalía son 19. He solicitado que pasemos de los dichos a las acciones, porque hay facturas de algunos proyectos de algunas comunas que fueron modificadas, que fueron adulteradas y que no representan en la rendición lo que realmente se ejecutó y algunas que no rindieron dentro de los plazos indicados".

Además recalcó que "se requiere un departamento de auditoría donde haya un contralor dentro del gobierno regional que genere todos los procesos. No se pueden entregar recursos aleatoriamente, se tiene que evaluar mes a mes la ejecución de cada uno de los proyectos en terreno, para verificar que las rendiciones sean lo mismo que se está llevando a la práctica en la ejecución del proyecto".

Votaciones

Uno de los puntos destacados de la cita fue la propuesta para que todas iniciativas, independiente del monto solicitado, sean votadas por el Consejo Regional del Biobío.

"Eso nos obliga a redoblar las medidas de revisión y análisis de los proyectos y programas que sean presentadas, porque entendemos que debemos velar por el buen uso y destino de los recursos públicos", indicó Tiznado.

Por su parte, la consejera Arriagada comentó que "ha habido un despilfarro de fondos públicos bajo este mecanismo, no vemos como algo negativo que pase por votación, pero tampoco podemos confiar en este proceso si no tenemos conocimiento de cómo llegan las organizaciones y las instituciones a solicitar estos fondos. No sabemos cuáles son también las que quedan fuera de este financiamiento".

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