J. Pablo Fariña López

Diversos son los cuestionamientos que se suman en contra del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, en medio de la polémica del Caso Convenios, lo que además, ha generado indignación en varias organizaciones sociales, que se sienten todavía más desplazadas tras el destape de esta crisis.

En esa línea, algunos miembros de la Corporación de Familiares de Víctimas Biobío (Corfavic) realizaron una protesta pacífica en el exterior del Gore, evidenciando su molestia por las irregularidades en la entrega de fondos a algunas instituciones.

Karina Paillán, presidenta de la agrupación penquista, expuso que "lo que hemos estado buscando todo este tiempo es una ley de Defensoría para víctimas. Queremos lo mismo que tienen los imputados. La misma señorita Polizzi, ¿usted cree que no tiene para pagar a un abogado? Lo tiene y nosotros no. Somos gente humilde con un sueldo mínimo y tenemos que estar costeando abogados".

Consultada por el motivo de la manifestación en el Gore, aclaró que "teníamos agendada una reunión con el gobernador, que ya ha sido suspendida dos veces y no ha dado la cara. Para nosotros es algo muy importante y siempre las autoridades nos dicen que no hay plata para una Defensoría, pero parece que sí hay dinero para todos estos fraudes. Acá está la embarrada".

La dirigenta también hizo un llamado a los parlamentarios, ya que aseguró que "hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso. Estamos pidiendo que los diputados y senadores aprueben esta ley porque muchos de nosotros, tenemos que parar de hacer rifas y bingos para tener justicia, mientras los imputados tienen todo gratis".

críticas

En paralelo a la protesta, algunos consejeros regionales reiteraron sus críticas a la gestión de la autoridad regional, aludiendo que debe dejar su puesto en el directorio de la Corporación Desarrolla Biobío.

El core Javier Sandoval expuso que "le hemos expresado al gobernador Díaz que no puede seguir presidiendo una corporación a la que le entrega recursos, ya que estamos hablando primero de $1.578 millones, después son $5.000 millones y a la larga, todo eso es para gastos operacionales, incluyendo la compra de vehículos. Adicionalmente hay otros fondos, para que se hagan cargo del trabajo que deberían realizar organismos públicos como Sercotec y Corfo, que son fiscalizables".

Agregó que "vemos una práctica consciente en la que él está totalmente involucrado, porque es su mecanismo que debe ser cambiado, en el cual vemos abandono de deberes y faltas a la probidad".

Sobre los cambios que esperan en el Gore, apuntó que "acá hay un enjambre de influencias, porque las mismas contrapartes admiten los proyectos y después los fiscalizan. Hay un sistema fallido, sostenido en cargos de confianza y no en funcionarios de carrera, que en periodos anteriores eran capaces de detener proyectos que no eran pertinentes".

Recalcó que "vemos que muchos recursos se desvían a entidades que no los necesitan. Se le está haciendo un tremendo daño a la Región del Biobío y a la descentralización".

Por su parte, la core Camila Arriagada manifestó que "hay muchas necesidades que se han visto postergadas por la preferencia del gobernador Díaz en este mecanismo de despilfarro en asignaciones directas. Es decir otorgando fondos a instituciones que hoy están siendo investigadas y tenían muy poca experiencia, siendo las contrataciones de servicios sus primeras boletas y facturas".

destitución

Además algunos cores indicaron que intentan reunir las firmas necesarias para tratar de destituir al gobernador en el Tribunal Electoral.

La consejera Arriagada expuso que "por dignidad debería renunciar y si no lo hace vamos a llevarlo al Tribunal Electoral para su destitución por abandono de deberes. Para eso necesitamos a diez consejeros o consejeras y ya tenemos cinco, además ya abrimos un primer proceso de fiscalización pública".

Además recalcó que "vemos una figura de abandono de deberes, porque el gobernador debe velar por el patrimonio de la región y eso acá se vulneró. Se ha dilatado el proceso de investigación, ya que no se nos han entregado todos los antecedentes o acceso a la información".

También manifestaron que esperan los resultados de las investigaciones por parte del Ministerio Público, ya que aluden que existen otros tipos de traspasos a entidades que deben ser indagados.

"Esperamos alguna medida concreta por parte del Gore y esto va en escalada. Fiscalía deberá determinar si hay más delitos, pero hay más financiamientos que pueden ser sospechosos, incluyendo municipios que reciben muchos más aportes que otras comunas más pequeñas. Pareciera que hay amiguismos", precisó Arriagada.

mal manejo

En las dependencias del Gobierno Regional también entregó declaraciones la abogada de Tamara Vidal, la funcionaria que se encuentra suspendida de sus labores y es acusada de presuntos desvíos de fondos.

Su abogada, Katherine Figueroa, expuso que "creo que el gobernador ha tenido un serio problema de asesoría respecto a este tema y un mal manejo, ya que ha desviado innecesariamente la atención. Si considera que ha sido extorsionado como ha manifestado públicamente, existen los medios e instancias judiciales para que eso se determine, pero eso no es efectivo".

Cabe señalar que de acuerdo a la versión de la funcionaria, habría denunciado hace meses algunas de las presuntas irregularidades que actualmente son materia de investigación.

"La información que entrega mi representada es la denuncia de varios hechos, donde eventualmente habría no solo infracción a la probidad administrativa, sino también eventuales hechos constitutivos de delito, que están siendo objeto de investigación. Ella ha sido víctima de hostigamiento y efectivamente está siendo objeto de un sumario administrativo que tiene que ver con otros hechos", indicó.

Además la abogada expuso que "ella comunicó el 19 de abril a su superior jerárquico de esta situación y lamentablemente no se tomaron medidas y eso acarreó la renuncia de varios funcionarios del Gobierno Regional. Tras eso se desatan una serie de acciones en su contra, lo que termina con una licencia médica y una situación delicada de salud".

defensa

En medio de las indagatorias por el Caso Convenios, el abogado Renato Zegpi, que representa a Camila Polizzi en las querellas presentadas contra Polanco y contra Vivanco, cuestionó, en entrevista con CHV, el "acoso mediático" que sufre la ex candidata a alcaldesa y a diputada.

"Se han vulnerado ciertos derechos y el principio de inocencia, es decir que toda persona no solamente se presume inocente, sino que debe ser tratada como inocente. A Camila se le está haciendo un juicio público, un juicio totalmente prohibido", indicó.

También aludió que "acá se han sobrepasado con una cacería a una mujer débil, la persona que es más débil ante la investigación. Ella no puede salir de su casa, sus hijos no pueden ir al colegio, su madre ni siquiera puede ir a comprar pan, porque están todos los paparazzi encima".