Matías Gatica Lindsay
El Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores públicos de la causa contra el grupo criminal "Los Gallegos", vinculados al Tren de Aragua, devolver en un plazo de 24 horas los antecedentes con los nombres de los testigos protegidos que declararon en el caso. Ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero anunció que llevará los antecedentes a la Corte Suprema.
Luego de que el juez Héctor Barraza ordenara el miércoles a la fiscalía entregar las carpetas con los 57 testigos en el juicio contra la banda, para así acreditar sus testimonios, se abrió una polémica por la decisión que terminó con el Gobierno presentando un recurso para que se establezca la nulidad procesal, el Ministerio Público abriendo una investigación de lo ocurrido y la Corte de Apelaciones de Arica acogiendo el recurso de protección de la fiscalía.
Con esos antecedentes ayer, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó devolver los nombres de los que según la defensoría no alcanzaron a abrir.
"Atendida la gravedad de consecuencias para los afectados y sus garantías y la naturaleza de los hechos en que la afectación incidiría, como se pide se ordena a los defensores penales públicos hagan devolución inmediata de los antecedentes entregados" dijo el Juzgado mediante un comunicado.
Sin embargo y pese a la nulidad y la entrega de antecedentes, ayer el ministro Cordero fue más allá y anunció que llevará el caso a la Corte Suprema. "La Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces" por ello, "esta mañana por instrucción del Presidente hemos remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez", dijo. Esto para que tome las medidas que estime convenientes, que son muy amplias: desde la instrucción de procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde dirimir a ellos".
El secretario de Estado además acusó que "creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que se hubiese incumplimiento a deberes funcionarios".
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) también cuestionó lo ocurrido y dijo que era "impresentable", revelar las identidades de testigos.
