Pablo Martínez Tizka

Gremios empresariales de la zona señalaron que existe un excesivo tiempo en los procesos de trámites para obtener los permisos necesarios de funcionamiento de los proyectos de desarrollo. Lo anterior, según dijeron, iría en detrimento de la generación de nuevos puestos de trabajo, situación que ha quedado en evidencia con los cerca de 15.000 empleos perdidos en el rubro de la construcción en los últimos 22 meses.

Desde la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Biobío se indicó que existen 33 proyectos que están en proceso de calificación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que hay 380 permisos que se podrían facilitar si existieran cambios legales en el Congreso Nacional.

En tanto, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CchC) Concepción remarcaron que los permisos ingresados para obtener aprobación del SEA son los más bajos desde 1997, lo que implica un daño a la inversión.

Obtención de permisos

Álvaro Ananías, presidente de la CPC Biobío, señaló que "en la reunión que sostuvimos recientemente con el ministro de Economía le planteamos la situación en la que se encuentra la gestión de permisos sectoriales y se reconoció que no están funcionando bien, hay al menos 380 permisos que van a intentar mejorar, pero que deben pasar por cambios legales que seguramente harán que demoren su tramitación en el Congreso. Resulta imprescindible poner urgencia a esta iniciativa".

A ello, indicó que " sumado a la lentitud de aprobación de proyectos en el SEA, la falta de infraestructura en la región y la incertidumbre legal, tributaria y constitucional han llevado a que exista una baja cartera de proyectos de inversión, lo que es muy preocupante porque no se generan más empleos de calidad que son absolutamente necesarios".

Bernardo Suazo, presidente de la CchC Concepción, señaló que este tema es tranversal y no solo afecta al sector inmobiliario. "En la institucionalidad ambiental no hay plazos legales estipulados para dar un permiso, mientras que en direcciones de obras municipales han existido incumplimientos en los plazos. A esto, hay que sumar que si se encuentran restos arqueológicos, la Dirección de Monumentos Nacionales demora más los procesos no en meses, sino en años".

El presidente del gremio dijo que antes de la pandemia se calculaba que la demora entre obtener el permio e iniciar la construcción, era de 1.000 días.

"Hay una ley que está propuesta en el Congreso que modifica la Ley General de Urbanismo y que permite simplificar este proceso", sostuvo Suazo.

Además, señaló que hay otro problema a solucionar: la capacitación y cantidad de funcionarios. "Hay organismos que tienen pocos profesionales y se produce un embotellamiento en el que si existe una observación, la institución vuelve a ver esta situación en 6 meses o 1 año".

En definitiva, el dirigente gremial reflexionó que "la permisología desincentiva la inversión y la construcción en general, no solo de modificación inmobiliaria, sino también de infraestructura. El claro ejemplo es la Ruta Pie de Monte en que existe un plazo de 8 a 10 años para empezar a construir. Prácticamente la mitad de ese tiempo está destinado solo a la evaluación ambiental".

El senador Enrique van Rysselberghe indicó que "las excesivas demoras y la laxitud en los plazos para otorgar permisos a proyectos de inversión en Chile, particularmente los relacionados con tema medioambientales, son una de las principales piedras de tope que hoy tiene frenada la inversión en el país".

Añadió que "lamentablemente, nuestra región no está ajena a esta realidad y tenemos una serie de proyectos, tanto públicos como privados, que están detenidos en sus procesos a la espera de los permisos correspondientes, con los negativos efectos en el empleo, la industria y servicios locales que viven de la materialización de estas grandes inversiones".

Seremi

Óscar Reicher, seremi de Medio Ambiente, respondió a las críticas de los gremios al SEA. "Lo que ocurre en la realidad es una mezcla de responsabilidades entre los mismos titulares y los servicios públicos que participan en la evaluación ambiental. Hay que contextualizar que ésta se realiza con la información que los titulares entregan. Cuando la información es deficiente o requiere de precisiones, estos organismos tienen la obligación de hacerlo ver".

El seremi indicó que "si se miran los últimos estudios de impacto ambiental que se han evaluado en la región, una buena parte de los tiempos de tramitación se explican por solicitudes de más plazos que piden las mismas empresas".

Finalmente, dijo que "hay una demora de servicios sectoriales que participan en la evaluación ambiental y que muestran retrasos. Por lo mismo, el gobierno está tomando acciones y el Ministro de Hacienda afirmó que se trabaja para racionalizar los procesos de inversiones en las áreas con más problemas y que requieran de reformas legales".