J. Pablo Fariña López

A las 23.32 horas de anoche culminó la segunda parte de la audiencia de formalización de cargos en contra de los cinco imputados por la arista de la Fundación En Ti, en el marco del Caso Convenios, por recursos públicos asignados por el Gobierno Regional.

El juez Iohan León determinó que Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Diego Polanco, junto a los ex funcionarios del Gore Rodrigo Martínez y Simón Acuña, quedaran con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional por los próximos 270 días, tras ser formalizados por los delitos de estafa, usurpación de identidad, uso malicioso de documento público falso y lavado de activos.

acusaciones

Tras haber sido aplazada el miércoles, la audiencia se retomó ayer con la fiscal de alta complejidad María José Aguayo, quien entregó una serie de antecedentes responsabilizando a Polizzi y los hermanos Polanco de la comisión de varios ilícitos y de crear una estructura para defraudar al Fisco.

En dicha presentación la persecutora exhibió una libreta con la portada de "El Principito" encontrado en la casa de Polizzi, aludiendo que allí habría practicado algunas firmas como la de Gerardo Silva, creador de En Ti, la que habría sido falsificada posteriormente con un montaje fotográfico.

"Encontramos unas hojas donde aparece una firma trazada de manera vertical de doña Camila Polizzi y luego unas distintas firmas, con un timbre de Fundación En Ti. Luego en la otra hoja aparecen también distintas firmas, que no corresponden a la firma de Camila Polizzi y además un gráfico de torta", señaló la fiscal.

Además, para solicitar la prisión preventiva a los imputados, la persecutora indicó que "según los antecedentes expuestos, como el audio en los que se le señala a Gerardo Silva que guarde silencio y no declare, las minutas para la declaración de boleteros encontradas en poder de Sebastián y el audio de Diego, que explica cómo es la forma que tienen de operar, no hace sino entender que la libertad de ellos incluso puede ser perniciosa para el éxito de la investigación".

También la fiscal dio a conocer detalles del supuesto actuar de los ex funcionarios públicos en el traspaso de fondos desde el Gore, que supera los $250 millones y que estaban destinados para la ejecución de un programa social en Barrio Norte, cuya realización también fue cuestionada.

LAs defensas

Durante la tarde de ayer fue el turno de los defensores, quienes debatieron los antecedentes presentados por Fiscalía.

El abogado Pablo Ardoin, que representa a Camila Polizzi, indicó que la joven niega los cargos que se le imputan, argumentando que no se trata de la líder de una agrupación para defraudar al Fisco, sino que por medio del proyecto buscaba ayudar a los vecinos de Barrio Norte.

También puso en duda que no se hayan realizado los talleres del programa, exponiendo que "pudo haber problemas administrativos de una fundación para administrar sus recursos, pero el Ministerio Público no ha acreditado que esas actividades no se realizaron. Testigos que son dirigentes vecinales declararon que sí se hicieron algunos talleres y hay fotografías de aquello".

En tanto, el abogado Waldo Ortega, que defiende a Rodrigo Martínez, apuntó que su representado solo hacía su trabajo y que no está involucrado en ningún ilícito.

"En el ejercicio de sus funciones recibió a una administrada (Polizzi) que viene en demanda de información pública y por supuesto la orienta en lo básico. Esto era común en la Gobernación del Biobío y no tiene nada de malo. Los detuvieron porque quieren la prisión preventiva, pero tengo la convicción que don Rodrigo no ha cometido ningún delito", relató.

Por su parte, la defensa de Simón Acuña recalcó que su representado, junto al administrador regional, no tuvieron ningún beneficio económico con el actuar de Polizzi y los hermanos Polanco. Además recalcó que si hubo alguna negligencia en el momento en que se presentó el proyecto, eso tampoco quedó determinado en los sumarios administrativos del Gore.

"En la otra hoja aparecen también distintas firmas, que no corresponden a la firma de Camila".

María José Aguayo,, fiscal de Alta Complejidad

270 días de plazo para investigar fueron fijados anoche por el juez de garantía.