Cristian Aguayo Venegas

L a delegada regional del Biobío, Daniela Dresdner, salió ayer al paso de informaciones de prensa que sostuvieron que ella, por medio de la diputada Catalina Pérez, habría conocido de lo ocurrido con la Fundación Democracia Viva antes de esto se conociera en todo el país.

"Entregamos toda la información a las instancias que son las pertinentes, en este caso, a la Fiscalía. Si usted me está hablando del momento, que es una semana antes de que esto saliera en la prensa, yo no tenía ninguna razón para pensar que eso era un delito en ese momento", señaló.

"Cuando hemos tenido información que puede ser constitutiva de delito, la hemos entregado a la justicia y lo vamos a seguir haciendo", afirmó.

Al ser consultada sobre las críticas, donde algunos parlamentarios han exigido su renuncia, la representante presidencial comentó que "no me voy a perder en peleas chicas, en peleas mezquinas de personas que tratan de sacar réditos políticos de una situación muy grave. En este momento, cuento con la confianza del Presidente (Gabriel Boric) y, mientras eso sea así, voy a seguir acá".

Diputados

"La lucha contra la corrupción, contra el fraude al Fisco, contra las asociaciones ilícitas que se han conformado para defraudar a los chilenos y financiar de manera irregular la política, jamás pueden ser peleas chicas", indicó el diputado Eric Aedo (DC).

"Esas son peleas grandes. Y lo que uno espera es que la delegada presidencial, de quien se ha informado que supo de la situación de Democracia Viva con antelación a que lo supiese el resto de los chilenos, tiene que cooperar con la justicia como lo ha estado haciendo", agregó.

Por otra parte, la diputada Flor Weisse (UDI) sostuvo que "las declaraciones de la delegada son parte del problema. Si la primera autoridad regional no comprende la gravedad de los hechos, es porque no logra comprender que esto es uno de los hechos más escandalosos de los últimos tiempos".

Agregó que "ese es el motivo por el que pido su renuncia, por faltar a la verdad. Se pierde la credibilidad para ejercer el cargo de la primera autoridad de la Región del Bio Bio", enfatizó.

Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), expresó que "lo relevante acá, es que la delegada ha puesto a disposición cada antecedente con el que cuenta para que las investigaciones que se están desarrollando puedan llegar a buen puerto".

Puntualizó que "si los dichos o el actuar de la delegada presidencial o cualquier otra persona es mérito de alguna sanción, eso lo deben determinar los organismos pertinentes".

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) comentó que "lo que la delegada nos está pidiendo es que guardemos silencio y que pasemos a formar parte de esta red de protección y de ocultamiento respecto a los graves sucesos que hemos conocido hace ya algunos meses".

Aseguró que "debido a esto, es que hago un llamado al Presidente Gabriel Boric, a que le pida la renuncia a la delegada, porque conociendo estos hechos irregulares, ella guardó silencio. Presidente no se convierta en un cómplice activo de esta red de protección para todos estos que han robado la plata que estaba orientada a los más vulnerables".

Bajo la misma línea, la diputada Marlene Pérez (IND/UDI), dijo que "es lamentable que la autoridad que representa al Presidente en la Región del Biobío hoy esté siendo cuestionada por una eventual participación en el caso de Democracia Viva".

Afirmó que "cada día conocemos más antecedentes del caso, que es de corrupción a nivel nacional, por lo tanto, es imperante que la justicia actúe con celeridad para que todas las personas que están involucradas en este caso de corrupción sean condenadas".

Por último, el diputado Félix González (PEV) comentó que "lo planteamos cuando estalló el Caso Convenios, la delegada forma parte del grupo de confianza de (Daniel) Andrade, fue parte del directorio de Democracia Viva, fue jefa de gabinete de la diputada (Catalina Pérez)".

Adicionó que "además, está relacionada con otro caso del Biobío que es Urbanismo Social junto a su ex jefe de gabinete que fue puesto precisamente en Asentamientos Precarios en el Serviu de Biobío. En realidad, independiente de si tiene o no responsabilidad penal, no cuenta con la confianza del Biobío y debió ser removida de su cargo hace tiempo".

Senadores

Gastón Saavedra, senador (PS), expresó que "el funcionario público, tenga la categoría que tenga y el rango que sea, tiene la obligación de saber y conocer, por lo tanto, lo que es la ley. Cuando una persona tiene información, tiene conocimiento de una acción que signifique dolo o alguna falta, tiene que denunciarla, sea a la Fiscalía, a la Contraloría y a su jefe".

Comentó que "por lo tanto, se comete un error garrafal, gravísimo, el que no se entregue la información en tiempo y forma. Ese es un delito".

Para finalizar, el senador Sebastián Keitel (IND), sostuvo que "la delegada presidencial del Biobío debe renunciar. No puede ser que tengamos a la máxima autoridad de la región involucrada en el Caso Convenios de esta manera, ocultando información y protegiendo eventualmente a los responsables de una escandalosa defraudación al Estado".

Sentenció que "fue el propio Presidente Boric quien la eligió por ser de su exclusiva confianza, y fue él quien dijo que esto sería caiga quien caiga, sin defensas corporativas, pero aquí lamentablemente vemos que se hace vista gorda. Ella tenía el deber de denunciar un potencial delito cuando lo supo y no lo hizo. Eso es grave y atenta contra su rol como funcionaria pública"

"No me voy a perder en peleas chicas, en peleas mezquinas de personas que tratan de sacar réditos políticos".

Daniela Dresdner,, delegada presidencial