Leo Riquelme

En respuesta a la ola de homicidios que afecta a la Región Metropolitana, que sólo en desde el fin de semana le ha costado la vida a al menos 15 personas, el Presidente Gabriel Boric anunció ayer la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. Y para apurar su edificación le pidió apoyo al poder Legislativo para saltarse trámites administrativos que podrían entramparla.

"Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso", dijo el mandatario tras encabezar una reunión de gabinete .

El Presidente explicó que el recinto acogerá a 500 reclusos y costará 90 mil millones de pesos. Más tarde la ministra del ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que ya tienen pensada su localización, pero "preferimos no decirlo todavía", aludiendo a la esperable resistencia que se produce con la comunidad cada vez que se anuncian proyectos de este tipo.

"No es una idea que se improvisó ahora, se viene pensando hace tiempo y las locaciones que han considerado y finalmente la que se definió contempla los posibles conflictos, para minimizarlos y elegir lugar que no genere esas dificultades", dijo.

Según Ex-Ante, se edificaría junto a la exPenitenciaría, en unos terrenos militares contiguos al Centro de Justicia de Santiago.

Boric añadió que el penal "permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas", aunque Tohá apuntó que no están pensando en replicar el modelo de El Salvador.

"Es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que nos puede dar mejores resultados (...) Hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que están fundamentalmente en Europa, donde se ha logrando inhibir la articulación o la coordinación de quienes están cumpliendo penas para la comisión de delitos e inhibir también la posibilidad de que puedan tomar control de esos penales, como lamentablemente sucedió en muchos lugares", sostuvo la ministra.

Para garantizar su seguridad, se enviará un proyecto para crear una nueva fuerza especializada en Gendarmería, quienes trabajarán bajo un régimen diferente al del resto de los penales.

"Nuestros compatriotas tienen el derecho de vivir en seguridad y en paz, y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos (...) Como Presidente de la República me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde el año 2016, y durante nuestro Gobierno frenar y desarticular el ingreso y operación de las bandas de crimen organizado", declaró el mandatario, quien añadió que el trabajo hecho hasta ahora "no ha sido en vano (...) Sin embargo esto no es suficiente, sobre todo en la RM".

Paras conseguirlo llamó a la unidad de la clase política, "independiente de nuestras diferencias". Además, informó su decisión de no concurrir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París y monitorear desde acá la situación de seguridad y el envío de los proyectos anunciados.

Respaldo con peros

Las iniciativas propuestas por el Gobierno se suman a las informadas el miércoles, cuando comprometió un endurecimiento de los controles migratorios y 500 carabineros adicionales para la RM, entre otros aspectos. Sin embargo, el más celebrado fue el de la nueva cárcel de ayer.

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), lo valoró acusando que la "mescolanza" de internos existente hoy ha ocasionado que las cárceles se conviertan en una "una universidad del delito de alta connotación", pues hay 43 mil cupos para 59 mil reos.

"Hay que hacer de verdad una excepcionalidad administrativa. La construcción de una cárcel se demora desde que se toma la decisión hasta que se reciben las llaves 10 años... Chile no tiene ese tiempo", dijo.

El alcalde de La Florida y precandidato presidencial Rodolfo Carter dijo que las medidas anunciadas "van en la línea correcta", aunque pidió aclarar localización y que se haga en "plazos extraordinarios". Solicitó que se edifique "muy lejos de la ciudad", para alejarlos de sus redes de contactos, con régimen diferenciado de visitas respecto al de los reos comunes.

En esto coincidió el senador RN Manuel José Ossandón: "La verdad es que estoy muy contento con el anuncio del Presidente, no sólo porque lo habíamos planteado, sino porque es una necesidad urgente; no sólo cárcel de máxima seguridad, sino también adecuar el régimen que va a existir en esa cárcel, porque o si no, no sirve de nada. Vamos a apoyar cualquier ley que le dé la autoridad al Presidente para poder construir cárceles más rápido, que es lo que necesitamos".

Más cauta fue su hermana, la jefa de bancada de diputados RN Ximena Ossandón, quien si bien valoró el anuncio, afirmó que construir una nueva prisión "no tiene sentido de urgencia" para la situación actual, por lo que la calificó como "una burla para los millones de chilenos que salen a la calle con temor".

Este tenor fue compartido por el senador PS Juan Luis Castro, quien agregó que junto a una prisión "se requiere una terapia de shock, una situación excepcional, con medidas nuevas, proporcionales a la gravedad de lo que estamos viviendo. Eso es lo que requiere el país, y eso es lo que estamos buscando a través de un Estado de Excepción Constitucional, que a todas luces parece inevitable más temprano que tarde, producto del descontrol en que está hoy día el crimen organizado en el país y especialmente en la RM. El jefe de bancada de su partido, Marcos Ilabaca, concordó.

El gobernador regional Claudio Orrego expresó su respaldo, pero criticó que no fueran convocados a la reunión en que se decidió, considerando en que pueden aportar hasta con recursos dada su necesidad.

La carta presidencial UDI, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se plegó al apoyo, aunque pidió que se haga con nuevos métodos constructivos para agilizar su habilitación y llamó a pensar también en un centro de reclusión para delincuentes primerizos.

"Me he propuesto reducir los homicidios y desarticular las bandas de crimen organizado.

Gabriel Boric, Presidente de la República

500 cupos para reos de alta peligrosidad tendría el penal. Su inversión será de $90 mil millones.

10 años demora habitualmente en habilitarse una cárcel en Chile desde que es anunciada.