Temen término de funciones en plantas y barcos pesqueros
El presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, afirmó que nueva ley de Pesca podría generar impactos a todo nivel.
Felipe Sandoval, nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G.), se refirió en conversación con La Estrella al clima de incertidumbre que actualmente se vive en el Biobío respecto a la discusión de la Ley de Fraccionamiento.
Según la autoridad gremial, esta normativa podría representar un nuevo golpe para la economía y el empleo en la región, especialmente tras el reciente impacto generado por la situación de Huachipato.
"La Ley de Fraccionamiento en discusión en el Senado significa un cambio en las reglas del juego, desconociendo la historia y tradición pesquera de la zona e infringe garantías y derechos constitucionales de los titulares de licencias asignadas por 20 años", expresó.
"Este cambio impacta a todos los actores de la industria, ya que introduce modificaciones que trascienden el fraccionamiento, afectando las operaciones tanto de la pesca artesanal como industrial en el Biobío y otras regiones", comentó.
"Resulta contradictorio que mientras se promueve un programa de fortalecimiento económico para el Biobío tras el cierre de Huachipato, se legisle un proyecto que pone en riesgo empleos estables, reduce cuotas, y afecta la inversión y la estabilidad económica regional", afirmó.
Sandoval advirtió que "de aprobarse en los términos que salió de su primer trámite, el nuevo fraccionamiento conllevaría, por ejemplo, el cierre de la empresa PacificBlu en Biobío, esto significaría el término de funciones de las plantas y barcos, lo que significaría más de 800 puestos de trabajo directo". .
"Además, el fraccionamiento afectaría el abastecimiento a Junaeb, impactando no solo las raciones destinadas a los escolares, sino también la disponibilidad de merluza chilena en supermercados y almacenes de barrio", agregó.
"Este cambio también contradice el esfuerzo de Chile por aumentar el consumo de jurel. ya que se estima que la flota y las plantas de proceso dedicadas a esta pesquería podrían reducirse en un 30%, lo que se traduciría en la pérdida de empleo de más de 700 familias", afirmó.
Sandoval complementó que "por otro lado, entre el 25% y el 35% del jurel que quedaría en manos del sector artesanal se destinaría a las plantas de harina de pescado. Esto provocaría un retroceso en la región en términos de alimentos y valor agregado".
"A modo de ejemplo en relación al empleo, un trabajador en planta de harina de pescado significa 10 en plantas de consumo humano", aseguró.
"Recordando el proceso de fusiones ocurrido hace cerca de una década. Es una posibilidad que las empresas se vean obligadas a reducir su tamaño, lo que implicaría una disminución en la actividad económica y en los niveles de empleabilidad en general", dijo..
"Por ello, resulta fundamental contar con un estudio de impacto económico y social que evalúe los efectos reales de este proyecto, un análisis que, hasta ahora, no ha sido presentado por ninguna parte", enfatizó.
Postura
El presidente de Sonapesca señaló que "estamos preocupados. En el Biobío, se ha realizado un gran esfuerzo e inversión por parte de todos los sectores para impulsar una pesca industrial renovada, más tecnológica, sostenible y orientada al consumo humano, aspectos que no han sido considerados en la discusión".
"La incertidumbre que genera esta ley, junto con la disminución de cuotas, tendrá un impacto negativo", aseguró.
"Es una posibilidad que las empresas se vean obligadas a reducir su tamaño".
Javier Sandoval, Sonapesca