Matías Gatica Lindsay

El anuncio del Gobierno de que a partir de marzo Carabineros podrá comenzar a utilizar dispositivos eléctricos de inmovilización temporal, más conocidos como pistolas taser, llevó ayer a un grupo de alcaldes a concurrir a La Moneda para solicitar que estas armas no letales sean proporcionadas también a funcionarios de seguridad municipal.

El lunes el gobernador de la RM, Claudio Orrego, expresó su malestar por la demora en la implementación de estas para las policías, a un año y medio desde que se lanzó el proyecto. Ante ello el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, le contestó que en febrero "vamos a tener el protocolo completamente y en marzo se inicia la implementación de su uso". En un comienzo será un plan piloto con 30 dispositivos, los que luego se irán masificando.

Ayer los alcaldes de San Joaquín, La Cisterna y San Bernardo acudieron a La Moneda para que se estudie la posibilidad de dotar con estos dispositivos a los guardias municipales.

El edil de San Joaquín, Cristóbal Lira, dijo que "necesitamos cuidar a nuestros funcionarios municipales, a quienes colaboran con la seguridad. Este tema tiene una larga data. Ponemos en riesgo la vida de las personas sabiendo que podemos solucionarlo".

Por su parte el jefe comunal de San Bernardo, Cristopher White, dijo que "así como se ha investigado el uso de pistolas taser para carabineros, también las queremos para funcionarios de seguridad pública. Creemos que son claves para evitar agresiones". "Esto sin duda ayudará a las fuerzas de seguridad a combatir la delincuencia (...) Hacemos el llamado al Gobierno para que tome esta propuesta", añadió el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos.

El delegado Durán dijo que "los guardias municipales ni siquiera están reconocidos por ley, entonces hay que ser responsables. Estamos a la espera de que se apruebe el proyecto que establece un sistema de seguridad municipal", aunque aclaró que esto no podría llegar a todas las comunas del país.

Pese a la respuesta de Durán de comenzar el plan piloto en marzo, el gobernador Orrego volvió ayer a mostrar su descontento por la demora. "A nosotros en 2023 el Gobierno nos señaló que a principios del 2024 se iba a implementar este sistema, después nos dijeron que en septiembre y ahora en marzo. Yo digo, ver para creer", señaló.

A ello agregó que "es un año y medio en el que te vienen diciendo que se va a hacer, pero no se hace. Espero que el compromiso (...) se haga en marzo".

Durán reiteró en TVN que Orrego sabía que este proceso de estudiar el protocolo no era rápido.