Abogado de vecino que compró mitad de plaza: "Tenemos certificados"
La defensa del chiguayantino afirma que la adquisición fue en regla. La compra costó 45 millones de pesos y corresponde a 246 metros cuadrados.
El abogado del chiguayantino que en $45 millones compró a un particular la mitad de un sitio utilizado como plaza de la comuna aseguró que su cliente cuenta con todos los documentos que acreditan dominio sobre 246 m2 del terreno ubicado en calle Videla, entre Chiguay y Bergantín Ancud, a unos 400 metros al Poniente del Servicio de Alta Resolutividad (SAR). En agosto del año pasado, el "nuevo dueño" cerró el espacio y quitó los juegos infantiles, lo que derivó en quejas vecinales y el inicio de acciones legales por parte del municipio.
"Es importante señalar que la documentación con la que cuenta mi representado, don Andrés Salas, es emitida por el Conservador de Bienes Raíces de Chiguayante, que en este caso es un certificado de dominio. Este acredita que él es el propietario de esta parte de la plaza, que es la mitad, son alrededor de 246 m2", indicó el abogado Franklin Bustos a La Estrella. "Además, tenemos un certificado de informaciones previas que nos entregó la misma Municipalidad de Chiguayante, planos que se han revisado. De igual forma se hizo una revisión de títulos antes de comprar este terreno, para estar seguros de lo que se estaba comprando", agregó.
Cabe indicar que el municipio, una vez enterado de la compra de la mitad del espacio, inició acciones legales para impedirlo. "Respecto de la situación de la plaza, el año pasado, la municipalidad interpuso un recurso de protección para evitar que se realizarán acciones tendientes a ocupar dicha plaza y para evitar el retiro de los juegos que existen en la misma", indicó el director jurídico de la Municipalidad de Chiguayante, Pablo Aros. "Ese recurso de protección está pendiente de fallos en la Corte Suprema y, por lo tanto, mientras no tengamos esa decisión final, no se pueden aportar antecedentes distintos a los que ya se conocen", agregó.
Con respecto al recurso que se encuentra en el máximo tribunal del país, el abogado Bustos dijo que "eso está en estado de fallo, está en estado de acuerdo. Hay que esperar que se dicte sentencia. Pero el hecho de poder interponer acciones judiciales, como las ya que hemos interpuesto, en este caso, acción de demanda de precario y querella por el delito de daños calificados, en nada entorpece la interposición y la tramitación de éstas", afirmó.
Bustos explicó que el recurso de protección -presentado por el municipio- se encuentra en la Suprema, toda vez que fue rechazado en primera instancia en la Corte de Apelaciones penquista. "Ahora bien, el futuro de la situación no lo puedo adelantar, porque obviamente esto queda en manos de tribunales y son ellos los que están a cargo de fallar y ver quién tiene la razón o quién tiene el derecho que invoca", finalizó.
Sin notificación
"En cuanto a una demanda de precario que, al parecer, se habría interpuesto en contra de la municipalidad, no hemos sido notificados válidamente de ningún tipo de demanda. Por lo tanto, desconocemos todo lo relativo a aquello", aseguró el director jurídico del municipio.
"Respecto de una querella que se habría interpuesto en contra de funcionarios municipales, no tenemos antecedentes formales sobre esa situación. Por lo tanto, en cuanto se tengan, se podrá emitir una opinión o un análisis respecto de lo mismo", concluyó.