En la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se realizó ayer la audiencia solicitada por la Fiscalía para revisar las cautelares del abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos derivados del denominado caso Audios.

Luego que el 20 de marzo la jueza de garantía Andrea Díaz-Muñoz determinó revocar la prisión preventiva de Hermosilla -que llevaba 205 días bajo esta cautelar- y en su lugar lo dejó con arresto domiciliario total, el Ministerio Público apeló a la decisión.

La Fiscalía Oriente expuso que las circunstancias por las que el abogado fue formalizado no han variado, que las redes familiares no son suficiente para que deje la cárcel y que su libertad continuaba siendo un peligro para la sociedad.

En la otra vereda el defensor Juan Pablo Hermosilla reiteró que era importante que se "respete la presunción de inocencia" y que la prisión preventiva era "innecesaria".

Tras escuchar a ambas partes los ministros Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama y el abogado Manuel Luna determinaron que Hermosilla debe volver a prisión preventiva, la que había cumplido desde agosto hasta el 20 de marzo en el Anexo Capitán Yáber.

Así, se esperaba que al cierre de esta edición el penalista volviera a la cárcel.

La abogada de la Fiscalía Oriente Pamela Valdés dijo que "la Corte indicó que no han variado los antecedentes que se tuvieron a la vista cuando se decretó la prisión preventiva en agosto".

La diputada Consuelo Veloso (Ind-FA) se refirió ayer al choque en estado de ebriedad que protagonizó el martes 24 de marzo cuando abordó su vehículo para perseguir a delincuentes que sorprendió robando especies desde su auto.

La parlamentaria, quien ha sido cuestionada por posibles inconsistencias entre las imágenes de las cámaras de seguridad y su declaración por el choque que protagonizó en Viña del Mar, cuestionó en radio Ancoa el enfoque que le han dado los medios a lo ocurrido, pues aseguró que la cobertura debió centrarse en que ella "fue víctima de la delincuencia" y no en el accidente de tránsito.

Veloso dijo que participaba en una "celebración privada" y bajó al estacionamiento. "Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Tenía todo mi equipaje allá (…) Yo duermo aproximadamente dos noches por ciudad, por lo tanto, mi vida entera y mis maletas, hasta el secador de pelo anda en el auto. Le pido a una persona que iba a pedir un Uber también para irse que me ayude a bajar las cosas y en lo que nos vamos acercando al vehículo me encuentro con dos sujetos, uno sentado en el piloto, el otro en el copiloto. Me amenazan, 'oye, te vamos a matar'".

A ello agregó que "en mis planes jamás hubiera estado, conducir mucho menos en esa circunstancia", y dijo que no podría decir que lo que hizo "fue un "error", pero reconoció que su reacción "quizás no fue la más apropiada".

"No soy mentirosa. Se trató de instalar incluso por los medios que había sido mentira lo del robo", añadió.

Redacción

La tramitación de la Ley de Fraccionamiento de Pesca ha generado protestas y divisiones entre los distintos actores del sector. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de avanzar en una distribución distinta de los recursos pesqueros, entregando mayor espacio a los artesanales, los industriales advierten sobre el riesgo de quiebras y pérdida de empleos.

En nota de Emol, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, sostuvo que "este es un proyecto ansiado por el mundo de la pesca artesanal y que tuvo una tramitación rápida en la Cámara de Diputados".

El subsecretario explicó en radio Cooperativa que el fraccionamiento busca determinar "cuánto de un recurso, como la merluza o el jurel, podrá extraer el sector artesanal y cuánto la industria".

En esa línea, remarcó que la actual distribución es desigual, citando como ejemplo que "en el norte, el jurel está distribuido un 95% para la industria y un 5% para el sector artesanal. En el sur, el 90% para la industria, 10% para el sector artesanal". Añadió que esta inequidad "hace que la pesca artesanal esté en una situación de angustia bien fuerte en términos de acceso a los recursos".

Sin embargo, desde la industria pesquera han manifestado su oposición a estos cambios. Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca, señaló que "el año 2012, las empresas optaron libremente por un sistema que duraba hasta el año 2032, dentro del cual está el fraccionamiento y el máximo a licitar por pesquería. Si se quiere cambiar antes del 2032, se está cambiando las reglas del juego".

El dirigente gremial alertó sobre el posible impacto de la reforma en la industria pesquera. Específicamente, mencionó a Camanchaca, indicando que "con la propuesta que hay, en el norte se dice que vamos a pasar del 80% de la anchoveta del sector industrial a que tenga un 20%. Una de las empresas tiene un 25% de lo que tiene el sector industrial, o sea, si tiene un 25 y le dejan un 5% para capturar y procesar, con eso no vive, tiene que cerrar".

A su vez, advirtió que en la zona centro-sur, "PacificBlu, que es la empresa que trabaja con merluza común, hoy día está casi en el equilibrio, pero si le bajan la cuota de merluza y ya le quitaron la jibia, esa empresa no subsiste, tiene que cerrar".

Desde la industria han cuestionado el enfoque del Gobierno respecto a la justicia social en la redistribución de cuotas. "Creo que están muy equivocados en su concepción de justicia social", afirmó Sandoval, respecto a la discusión de esta ley.