Pablo Martínez Tizka

Una tensión permanente es lo que aseguran vivir las víctimas de violencia rural y contratistas forestales de la macrozona sur. A pesar de que reconocen que este tipo de delitos han disminuido, indicaron que los ataques son con una magnitud mayor. Ejemplo de ello es la diferencia de casi un año de dos lamentables hitos en este contexto.

El pasado domingo 20 de abril de este año sucedió el atentado en la central hidroeléctrica Rucalhue, de Santa Bárbara, en que más de 50 camiones fueron quemados.

Hace casi un año, el 27 de abril de 2024, tres carabineros fueron asesinados en una emboscada ocurrida en Cañete, lo que generó conmoción.

reflexiones

Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Familias Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, señaló que "una cosa son las cifras de disminución de delitos y declaraciones que hemos escuchado como la del exseremi de Energía que dijo que el país es una taza de leche, pero otra es la realidad de quienes vivimos en la macrozona. La violencia continúa y para nosotros sigue la misma situación de impotencia, frustración y miedo".

En ese sentido, argumentó que "puede haber una baja en el número de atentados, pero ha subido la brutalidad de estos actos".

En definitiva, manifestó que "siempre hemos pedido un respaldo real a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de una agilidad mayor para dar órdenes de investigación y acudir a zonas donde hay atentados. Se necesita coordinación entre el mundo privado con el Ministerio Público o el Ministerio de Seguridad para evitar quema de maquinarias".

René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) manifestó que "ya llevamos tres años con Estado de Excepción y seguimos sometidos a una violencia interminable. Creo que hoy estamos en un ambiente de tensa calma en que aparecen estos episodios violentos como el de Rucalhue cada cierto tiempo y creemos que esto se va a seguir manteniendo mientras no exista una voluntad política del Estado".

Muñoz reconoció que hay avances especialmente en materia legal como la Ley de Robo de Madera o la Ley Antiterrorista. Sin embargo, expresó que "puede haber una gran cantidad de leyes, pero sin voluntad política no se va a avanzar, porque los rebrotes de violencia van a continuar. El problema no se ha enfrentado de manera holística".

¿Qué significa esto? Muñoz argumentó que "esto quiere decir que todas las instituciones tienen que funcionar. El Gobierno se puso nervioso porque los chinos vinieron a decir que no hay seguridad, pero esto es algo que como contratistas forestales hemos reclamado hace doce años".

Finalmente, expresó que "a los ataques terroristas hay que agregar los incendios intencionales y el robo de madera, que son hechos que afectan al sector forestal y empeoran las condiciones de desarrollo para los emprendedores de la región".

El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, reflexionó sobre la violencia rural en la macrozona sur y el ataque en la central hidroeléctrica Rucalhue.

Señaló que "como representante de todos los colegas de la región del Biobío nos preocupa enormemente esta situación y además sufrimos porque sin duda nos ponemos en los zapatos del alcalde de Santa Bárbara y de toda su comunidad, que vieron tan de cerca lo que son capaces de hacer personas".

Además, manifestó que "si bien podemos revisar las cifras y quizás puede haber menos hechos delictuales graves, sobre todo de condenación pública, también tenemos que pensar en la cifra negra, en ese número que no se denuncia, en la cifra que se guarda en silencio por temores.

"Nadie hoy día podría decir que este país está tranquilo y no quiero ser alarmista, solamente quiero ser realista con esto y queremos apoyar al alcalde de Santa Bárbara", cerró.

"Cuando hablamos de combatir la violencia rural, siempre hemos dicho que como Gobierno Regional estamos disponibles para colaborar, porque se trata de un desafío que debe involucrar a todo el Estado, pero lo ocurrido en Santa Bárbara no es violencia rural: es terrorismo. Y frente al terrorismo, la respuesta no puede ser tibia ni fragmentada", señaló el gobernador Sergio Giacaman. "Lamentablemente, hoy (ayer) el ministro Cordero visitó la provincia de Biobío y no fuimos considerados en una instancia tan relevante para la región. Más allá de eso, es urgente avanzar en la Ley de Infraestructura Crítica, que debiera incluir el resguardo de proyectos energéticos estratégicos. Y no puede quedar fuera el fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden y la seguridad, mediante financiamiento para mejorar su infraestructura y dotarlas de los recursos necesarios", puntualizó. "El crimen organizado y el terrorismo no improvisan. Y nosotros tampoco podemos hacerlo", finalizó la autoridad.